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El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva será investigado como presunto integrante de un «grupo criminal» que orquestó el masivo desvío de fondos de Petrobras, el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil.
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki autorizó incluir a Lula en uno de los expedientes que investigará la participación, en esa red, de dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) del ex mandatario, en paralelo a otras pesquisas contra líderes del centroderechista PMDB -del presidente Michel Temer- y su aliado PP (derecha).
El nombre del mítico exlíder sindical, de 70 años, se suma así a los de prominentes figuras del PMDB, como el presidente del Senado, Renan Calheiros, y del PT, como el ex ministro de Hacienda de Lula, Antonio Palocci, actualmente en detención preventiva en el marco de la investigación Lava Jato (lavadero de autos) lanzada hace dos años por el juez de primera instancia Sergio Moro, de Curitiba (sur).
El STF dividió las investigaciones por partidos. En el caso del PT, la nómina de sospechosos incluye a Lula y a varios ministros de su gobierno (2003-2010) y de su destituida sucesora Dilma Rousseff, con el fin de desenredar una trama urdida para «mantenerse en el poder».
Lula enfrenta ya dos juicios por corrupción y lavado de dinero ante el juez Moro y otro por presunta obstrucción de la justicia, ante un tribunal de Brasilia. Y es objeto de otras denuncias, la última de ellas hecha esta semana por la Policía Federal, por sospechas de haber beneficiado a un sobrino en millonarios contratos con Angola.
Pero esta es la primera vez que se lo investiga por sospechas de que integró una organización criminal en el marco del escándalo en Petrobras. La fiscalía lo identificó incluso a mediados de septiembre como «comandante máximo del esquema de corrupción», aunque hasta ahora no fue formalmente inculpado por su supuesta pertenencia a esa red.
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– 66 sospechosos –
El STF tiene a cargo los expedientes de la investigación Lava Jato que involucran a personalidades con fueros privilegiados (legisladores y ministros), así como a personas que pudieron haber estado estrechamente asociados a los actos delictivos que se les imputan. En el comunicado del jueves, se citan los nombres de 66 sospechosos.
Se trata de «un grupo criminal organizado, comandado y articulado por políticos integrantes de diversas agrupaciones partidarias, con el objetivo de viabilizar el enriquecimiento ilícito de ellos y de grupos empresariales, así como de financiar campañas electorales mediante desvíos» de recursos públicos, indicó el fiscal general Rodrigo Janot al solicitar al STF la división de las investigaciones para agilizar los trabajos.
La investigación Lava Jato es el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil, en el que políticos, empresarios y funcionarios de Petrobras se confabularon para cometer fraudes en contratos entre la estatal y un grupo selecto de constructoras, con el objetivo de desviar dinero hacia partidos políticos.
Develada en 2014, la causa ha puesto tras las rejas a prominentes empresarios, banqueros y dirigentes del PT y es un foco permanente de tensión entre los miembros de la clase política.
La izquierda asegura por detrás del impeachment de Rousseff -destituida en agosto por manipular las cuentas públicas- existía la intención de sus detractores de frenar las investigaciones.
Golpeado de lleno por el escándalo, el PT sufrió una gran derrota en las recientes elecciones municipales, en cuya primera vuelta perdió casi dos tercios de las alcaldías que había ganado en 2012.
«La autorización de la investigación contra Lula constituye un paso más en el sentido de lo que viene ocurriendo desde que fue designado como ‘jefe máximo’ de una banda organizada», dijo a la AFP Daniel Vargas, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas, de Rio de Janeiro.
Pero «hay un número muy grande de políticos investigados, y si el STF acepta las denuncias, estas tendrán un gran impacto político», agregó.
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