Chile tiene una deuda con sus menores, en particular con los más desprotegidos. Por ello, mientras algunos dedican tiempo a disputas irrelevantes, hago un llamado a todos los sectores a asumir como un imperativo ético la obligación de crear un sistema público que por un lado proteja a los menores de edad en situación de abandono, y por la otra logre una adecuada rehabilitación y reinserción social de los niños y adolescentes infractores de ley penal, separando ambas realidades con especialistas para uno y otro caso.
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Pero esta desprotección no es sólo respecto a jóvenes infractores de ley, sino que puede alcanzar a cualquier menor de edad víctima de abuso sexual o violencia, incluso su hijo(a).
Hoy, la ley y la práctica procesal exigen que un menor abusado sexualmente o agredido por violencia deba comparecer en promedio cinco veces ante el sistema médico, policial, investigativo o judicial. Con ello, debe revivir una y otra vez el drama del que fue objeto, incrementando su daño sicológico, su vergüenza y muchas veces el estigma social. Es decir, se le revictimiza y no se le protege ni repara adecuadamente.
Es digno reconocer los esfuerzos aislados de instituciones como la fundación Amparo y Justicia, Defensoría Penal, Poder Judicial y la división de atención a víctimas y testigos del Ministerio Público, quienes han ido implementando en los hechos un sistema de mayor protección a menores víctimas de abuso y violencia a través de protocolos de actuación, los que muchas veces son cuestionados por abogados litigantes.
Con una tasa cercana a los 20,6 menores abusados cada 100 mil habitantes, urge una nueva ley que compatibilice la recta administración de justicia con la protección de los menores abusados o agredidos.
El Senado está pronto a despachar un proyecto de ley que dará valor legal a las entrevistas videograbadas, para que sea ese registro el que se consulte durante el desarrollo del proceso, y de forma excepcional, se pueda volver a citar al menor abusado o agredido.
A su vez, se contempla un sistema –a cargo del Ministerio de Justicia- que certifique las competencias para poder ejercer como entrevistador, y velará porque quienes ejerzan como tales tengan los conocimientos y capacidades adecuadas para lograr la mejor información de la entrevista con el menor de edad y así evitar su futura comparecencia.
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Se trata de un proyecto que antepone la protección y cuidado de los niños por sobre las aspiraciones investigativas o procesales. Estamos adecuando la ley y el sistema procesal para equilibrar la recta administración de justicia y la protección del menor, y así evitar que un niño que ha sido violentado deba revivir una y otra vez su traumática experiencia.
No tengo idea si los menores abusados o sus familiares votan o rezan, pero estoy convencido del deber ético que tenemos de terminar con la revictimización de niños y adolescentes que ningún mal causaron, sino que junto con ser víctimas de los delitos más deleznables, hoy lo son también del sistema.
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