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Este domingo 23 de octubre se celebrará una nueva edición de las elecciones municipales para elegir a alcaldes y concejales. Si bien las autoridades comunales no poseen muchas atribuciones y fuentes autónomas de ingresos, en comparación a otros países, los recursos que deben administrar y las decisiones que deben tomar poseen tremenda relevancia.
Dado esto lamentablemente se crean espacios para delitos como el cohecho, tráfico de influencias o fraudes a las arcas fiscales nacionales. Prácticas que la economía termina resintiendo.
Las municipalidades administran recursos provenientes de la administración gubernamental central, los vecinos y las empresas. Los primeros son los más relevantes, donde destacan las subvenciones para la educación, los presupuestos para hospitales y centros de salud, entre otros. Los recursos directos provenientes de las personas y empresas consisten en pago de patentes y permisos municipales, por ejemplo para la edificación, derecho a realizar actividades comerciales, venta de alcoholes y tabaco o los permisos de circulación para vehículos de transporte. Sin embargo existe una tercera modalidad: las licitaciones. Y es que muchas empresas se adjudican la exclusividad de contratos para prestar servicios a la comunidad, como la recolección y tratamiento de basuras.
La mala elección de autoridades puede terminar por abrir espacios de corrupción. Un ejemplo es lo sucedido en Machalí, donde se investiga eventuales pagos a autoridades municipales para modificar el plano regulador de la comuna, lo que permitió la materialización de millonarios utilidades para la empresa Caval, ligada al hijo de la Presidenta Bachelet y su esposa. Otro caso es la investigación que se lleva a cabo al alcalde y concejales de Maipú por eventuales recepciones de dinero a cambio de contratos por la administración de basura. En otros casos, como mi natal Hualpén, el ex alcalde condenado por fraude al Fisco hoy se ve orgulloso como su hijo postula para sucederlo en el sillón edilicio.
Estas prácticas trastocan la economía debido a que dañan la confianza, la competencia y la inversión en las comunas. Territorios administrados en pos del bienestar exclusivo de sus autoridades no fomentan las iniciativas privadas de desarrollo, o el correcto uso de recursos públicos destinados a la mayor calidad de los servicios gratuitos, tales como la educación o la salud. Al respecto el desafío es votar por alcaldes probos y concejales capaces y dispuestos a fiscalizar permanentemente. La economía de todo un país lo agradecerá.
Matías Godoy Mercado
Director de Economía para todos
www.economiatodos.cl
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