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Mediante un comunicado, la empresa Morpho salió a defender su imagen por una presunta responsabilidad que el sistema informático que administra para el Registro Civil pudiera haber tenido en el cambio de dirección electoral que afectó a cerca de 500 mil personas.
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Durante este viernes, el diputado Nicolás Monckeberg denunció al ministro de Justicia, Jaime Campos, por ser parte de una firma de abogados que representa a Morpho, presunta responsable del error informático en el servicio público.
Una asociación que sacó a la empresa a la palestra, y que fue rápidamente descartada por el proveedor.
«Como indica la Ley Nº20.568, el cambio de domicilio no depende de un sistema o plataforma tecnológica específica, sino de un procedimiento que exige consultar a la persona sobre el domicilio electoral y en caso de realizar alguna modificación debe requerir la declaración jurada de la misma”, afirma la misiva de la empresa.
Y agregó: “No le cabe a la plataforma tecnológica provista por Morpho S.A. para los nuevos documentos de identificación, ninguna responsabilidad que altere o vulnere el procedimiento de registro de domicilios descrito expresamente en la Ley».
La empresa, que ha coordinado sus comunicaciones a través de Tironi Asociados, manifestó su disposición «a colaborar y aportar los antecedentes que requiera la investigación administrativa y judicial, para el total esclarecimiento de los hechos».
Pese a la discusión política, la empresa no descartó ni confirmó una relación de representación con el actual ministro de Justicia.
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Morpho S.A., matriz de la multinacional francesa Safran, se adjudicó por 10 años la licitación para desarrollar las cédulas de identidad y los pasaportes de los chilenos, en un proceso de compra que no estuvo ajeno de polémica.
En un principio el adjudicatario había sido la española Indra. Sin embargo, un error administrativo obligó al Tribunal de Contratación Pública a revertir la decisión.
En una segunda licitación, y tras descartar uno por uno a los competidores, Morpho se adjudicó el servicio por US$400 millones. En una decisión que implicó una serie de acciones judiciales en contra del proceso. Incluso una de ellas, presentada por la chilena Sonda en el Tribunal de Libre Competencia (TLC), derivó en una multa de 200 Unidades Tributarias Anuales contra el Registro Civil. Además, de litigaciones que llegaron incluso a la Corte Suprema. En aquella oportunidad, el máximo tribunal consideró que al TLC no le correspondía tomar parte del asunto, delegando dicha decisión en el Tribunal de Contrataciones Públicas, instancia que falló en favor de la cuestionada empresa francesa.
