Dentro de las funciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), se encuentra la de facilitar la incorporación y permanencia en el sistema educacional de niños y jóvenes, mediante la entrega de productos y servicios que contribuyan a la igualdad de oportunidades en la educación. En este caso, se destacan los programas de alimentación escolar y de párvulos.
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Estos programas son ejecutados por empresas privadas que resultan seleccionadas tras un proceso de licitación pública, como el que se realizó a principios de este año, y cuyo objetivo fue contratar la provisión de las raciones alimenticias correspondientes al período 2016-2019. Dicho programa cuenta con un presupuesto anual total aproximado de más de 200 mil millones de pesos.
En dicho contexto, un ciudadano solicitó a la Junaeb la copia de los certificados de línea de crédito disponible presentados por todos los participantes en dicha licitación. Tras la negativa del organismo de entregar dicha información, la persona recurrió de amparo al Consejo para la Transparencia (rol C640-16), que analizó el caso.
A juicio del Consejo, los documentos presentados por los participantes en dichos procesos son indispensables para su evaluación, cuya ponderación y conclusiones serán el fundamento del posterior acto administrativo que adjudicará o declarará desierta la licitación.
De hecho, respecto del proceso licitatorio consultado, dada su importancia, amerita que se tomen los resguardos correspondientes, a fin de evitar cualquier posible suspensión o menoscabo en la alimentación de los niños y jóvenes beneficiarios.
Lo anterior, por tanto, hace necesario e imprescindible el control social respecto a los procesos de selección y adjudicación de tales licitaciones, razón por la cual se debe otorgar acceso a los certificados de línea de crédito pedidos, para que la ciudadanía pueda constatar que ésta fue hecha a los mejores oferentes.
Y, de no ser así, se adopten las medidas legales y administrativas pertinentes, para evitar una eventual interrupción a tan importante servicio, cuestión de vital importancia y que se encuentra en el centro del debate público, considerando que el Estado debe promover un especial cuidado por los niños, niñas y adolescentes.
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