Esta mañana el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca regular las aplicaciones Cabify y Uber dentro del mercado de transporte de pasajeros.
El texto, de 22 páginas señala que «algunas de las plataformas tecnológicas que han comenzado a operar en Chile lo han hecho al margen de esa regulación, esto es, con vehículos que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros; con conductores no profesionales, muchas veces carentes de experiencia; y con una forma de funcionamiento que, al no contar con un responsable del servicio, impide a los usuarios reclamar en casos de incumplimientos».
Así es como el proyecto establece que plataformas, como Cabify y Uber, puedan operar con «taxis o bien con vehículos que reúnan elevados estándares de confort y tecnología, debiendo pagar, en este último caso, un valor por kilómetro recorrido que permita una asignación eficiente del uso del espacio vial y reduzca las pérdidas de bienestar social».
Mediante reglamento, será el Ministerio de Transportes la entidad que definirá qué se entiende por un vehículo con «elevado estándar de confort y tecnología».
En el caso del pago por kilómetro recorrido, los ingresos obtenidos irán a un Fondo para la Innovación del Transporte Remunerado de Pasajeros para financiar proyectos que permitan la incorporación de tecnología en los vehículos de transporte y mejoren su modernización.
Este cargo busca busca disminuir el impacto de externalidades negativas, como la congestión vehicular y tener un control sobre la oferta.
Asimismo, los operadores de la plataforma deberán entregar información sobre los viajes al Ministerio de Transportes para que sea incluída en el diseño de nuevas políticas para este mercado.
Esto contempla, desde la duración de los viajes, los itinerarios y evaluación de conductores, entre otros.
Los conductores deberán asumir ciertas exigencias, entre ellas licencia profesional y la aplicación de la ley de Impuestos que se impone a los taxistas.
En cuanto a las sanciones, éstas se dirigirán tanto a operadores como conductores. En el primer caso, puede llegar a significar el cierre de las plataformas; mientras que los conductores se arriesgan a que se cancele la inscripción del vehículo en el Registro Nacional o, en el caso que no se hayan registrado, se suspenda la licencia.
