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El Ministerio Público acogió la denuncia efectuada por la defensa del líder del Partido Progresista ( PRO), Marco Enríquez-Ominami, al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez por las declaraciones efectuadas por el persecutor al diario La Tercera por la que se abrirá un sumario administrativo contra del abogado por una presunta infracción a la Ley orgánica del Ministerio Público.
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Gómez, quien lleva la causa legal de SQM, formalizó el 19 de octubre pasado al ex diputado por delitos tributarios ante una eventual emisión de facturas ideológicamente falsas.
El Ministerio público confirmó que la acción administrativa en contra de Gómez será llevado por el fiscal regional José Luis Pérez Calaf, quien deberá determinar si los dichos de su par de Valparaíso faltan a las normativas establecidas.
Cabe recordar que el persecutor del caso SQM respondió a las interpelaciones efectuadas por el abanderado del PRO, quien sostuvo que Gómez tendría vínculos con el “piñerismo”, al estar casado con Patricia Pérez Goldberg, ex ministra de Justicia del ex Presidente Sebastián Piñera.
“A las descalificaciones de este imputado, y de cualquier otro, respondemos con evidencia y objetividad (…) Yo me imagino que ellos tendrán algún límite ético y sabrán en qué momento detenerse. Pero la verdad es que nosotros, como funcionarios públicos, debemos acostumbrarnos a lidiar con personas que siendo imputadas no saben canalizar sus emociones dentro del proceso”, señaló Gómez ante las acusaciones de Enríquez- Ominami, quien lo calificó como operador político.
En este sentido, el requerimiento presentado por el abogado de ME-O, Juan Carlos Manríquez, fue acogido por el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien estimó que en la entrevista dada por Gómez después de la formalización podría hacer un juicio anticipado de la responsabilidad en los delitos imputados al también cineasta.
Este sería el segundo sumario que la entidad ordena contra un fiscal luego de la modificación al artículo 64 a la normativa legal en Julio de este año, en la que se prohíbe a los persecutores legales omitir opiniones y entregar antecedentes de la investigación en curso.
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Cabe recordar que el fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias fue al primero quien se le aplicó la medida, siendo absuelto dos meses después, sin embargo, las declaraciones emitidas en que señaló que la Ley de Pesca tendría “un origen corrupto”, le costaron la salida del caso Corpesca.
PUB/NL
