La Cancillería de Bolivia elevó un reclamo al Gobierno de Chile por el paro de 72 horas que llevan adelante los trabajadores del sector público y que está provocando millonarias pérdidas al comercio boliviano, razón por la cual exigió un resarcimiento por los daños.
A través de un comunicado reproducido por Página Siete Digital, la Cancillería expresó su «más enérgico reclamo” hacia Chile y lo acusó de no tener capacidad de garantizar el cumplimiento de sus compromisos internacionales con Bolivia, con el que, a través del Tratado de Paz y Amistad de 1904, se comprometió a dar el más amplio y libre tránsito por su territorio.
«Los constantes paros y huelgas, registrados en los últimos años, ante la falta de atención a las demandas de los trabajadores públicos y trabajadores portuarios respecto a las condiciones laborales resultantes de la privatización de los puertos, se constituyen en una evidente vulneración al derecho de Bolivia de contar con el más amplio y Libre Tránsito por el territorio y los puertos del Pacífico, vulneraciones que estrangulan el Comercio Exterior boliviano, limitando las posibilidades de desarrollo de Bolivia”, señaló el comunicado de la Cancillería.
Frente a esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió al Gobierno de Chile «el resarcimiento de las millonarias pérdidas económicas que viene asumiendo injustamente el pueblo boliviano, debiendo el Gobierno de Chile asumir la responsabilidad por los incumplimientos a sus compromisos internacionales”.
El miércoles se inició en Chile un paro de 72 horas de los empleados públicos, en demanda de un reajuste salarial del 3,2%. De la medida de presión participan empleados chilenos del Servicio Agropecuario Ganadero (SAG) y otros funcionarios que imposibilitan el normal funcionamiento de la Terminal Puerto de Arica, generando así una afectación al comercio boliviano.
Según el gobierno boliviano, entre las pérdidas que provoca esta situación están las multas de las empresas navieras por el retraso en la devolución de contenedores vacíos; las multas y recargos por el incumplimiento de contratos de exportación; los costos de garaje por las unidades de transportes que se encuentran en territorio chileno, que no pueden retornar a Bolivia; entre otros.
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