Los representantes de la Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin Tratado Transpacífico (TPP) y de la Coordinadora No+AFP hicieron un llamado conjunto a que todos los chilenos y chilenas se sumen a la movilización del próximo viernes 4 de noviembre contra el sistema de AFP.
Luis Mesina, dirigente de la Coordinadora No+AFP, afirmó que «estamos haciendo este llamado conjuntamente porque la lucha contra las AFP está íntimamente ligada a la lucha contra el TPP».
En ese sentido, afirmó que de aprobarse ese tratado, «hipotecará nuestra soberanía en diversos ámbitos, pero especialmente en el propósito de los chilenos de terminar con este sistema que los ha condenado a pensiones miserables”.
Por su parte, Esteban Silva, de la Plataforma Chile Mejor sin TPP y de la Fundación Constituyente XXI, afirmó que “si el TPP se aprueba, tres de las AFP que controlan el 75% de las pensiones de los chilenos y que son controladas por empresas estadounidenses podrían demandar al Estado chileno, en el escenario que lográramos una ley que elimine a las AFP y establezca una seguridad social verdaderamente solidaria».
«Nos parece una situación inaceptable, por lo que hemos decidido entregar un mensaje conjunto respecto al vínculo entre los dos temas”, añadió.
En tanto, también Lucía Sepúlveda, de la Plataforma Chile Mejor sin TPP y Rap-Chile, afirmó que “los tratados de libre comercio se relacionan cada vez menos con el libre comercio y cada vez más con generar verdaderos marcos constitucionales, por encima de la voluntad soberana de los pueblos».
«No podemos permitir, y el Parlamento tiene la obligación moral de impedirlo, que la voluntad expresada por millones de chilenos sea bloqueada por un tratado cuyo contenido ha estado completamente ajeno al debate público”, agregó.
Los dirigentes explicaron que la relación entre el Tratado Transpacífico y las AFP radica en el capítulo de inversiones del TPP, documento que establece que los inversionistas extranjeros tienen una “expectativa razonable de ganancia”, la que no está sujeta a información, declaración, control ni evaluación por ninguna agencia nacional o multilateral.
Además, cualquier actividad o decisión de un Estado signatario que pudiera afectar esta expectativa constituye una “interferencia pública” que podría ser causa de sanción, según los dirigentes.
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