La Superintendencia de Casinos de juego (SCJ) en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado recurrirá a la Corte Suprema con el objetivo de exponer los argumentos que contradicen los fallos que entregó la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, quienes acogieron los recursos de protección interpuestos por las sociedades Campos del Norte S.A. e Inmobiliaria Proyecto Integral Coquimbo, Inversiones del Sur S.A e Inversiones Marina del Sol, todo en medio de las licitaciones de los casinos municipales.
La paralización del proceso de licitación de casinos municipales comenzó luego que la Corte de Apelaciones las detuviera en Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Puerto Varas el pasado viernes, luego que Marina del Sol interpusiera un recurso de protección, a la que se sumó la acogida a comienzos de semana por Inversiones del Sur, firma que actualmente opera en el casino de Puerto Natales.
En un comienzo, la compañía había pedido la paralización de siete recintos, pero como cuatro de ellos ya les había sido concedido las órdenes de no innovar, la sala sólo lo resolvió sobre los casinos de Arica, Pucón y Puerto Natales, según consignó El Mercurio.
Ante la arremetida de las sociedades, la SCJ, además de informar que recurrirá a la Corte Suprema, se refirió a los fallos entregados por la Corte de Apelaciones, donde señaló que «en la mayoría de los pronunciamientos se refiere a aspectos administrativos que se podrían incorporar en las Bases sin mayor efecto en las postulaciones -para los casos de Pucón, Puerto Varas y Natales-, por lo que se podrían reanudar dichos procesos a la brevedad».
Además se refirieron a uno de los fallos que en lo «esencial se cuestiona las facultades del Consejo Resolutivo para determinar las condiciones relevantes para el proceso, como lo son la utilizaciones de los inmuebles municipales para la instalación de los casinos en los casos de Arica, Iquique y Viña del Mar; o su posterior transferencia en el caso de Coquimbo».
Por último recalcó que en las sentencias «en ninguna de sus partes indican que las Bases contengan elementos que favorezcan a algunos de los interesados ni que la información provista por la Superintendencia sea incompleta o imprecisa. Es más, en dichas materias se pronuncia favorable al actuar del organismo».
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