PUBLICIDAD
Este año, los empleados fiscales no recibirán un reajuste a sus remuneraciones. Este es el resultado tras el nuevo portazo que los diputados le dieron al Gobierno al rechazar el veto presidencial que buscaba establecer un aumento salarial del 3,2%.
En una sesión interrumpida por las manifestaciones de los empleados públicos apostados en las tribunas del hemiciclo y que terminaron siendo desalojados por Carabineros, el guarismo volvió a ser rechazado debido a que recibió 44 votos a favor, 28 en contra y 37 abstenciones.
Durante el debate, los parlamentarios de la Nueva Mayoría hicieron notar su disconformidad frente al acuerdo que el Gobierno había alcanzado la noche del lunes con los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría.
PUBLICIDAD
Uno de ellos fue el jefe de la bancada del PPD, Ramón Farías, quien sostuvo que «no es lo que nos gusta, pero es lo que tenemos», al mismo tiempo que le decía a los trabajadores que mostraban su molestia al grito de «dignidad» que no era posible avanzar más, porque si se rechazaba el veto, se quedaban sin reajuste.
Las modificaciones planteaban una nueva escala y montos para el bono de negociación, entregando un bono especial, no imponible y que no constituirá renta para ningún efecto legal, que se pagará dentro de los 30 días después del otorgamiento del reajuste: de 104 mil pesos para los trabajadores con una remuneración líquida (a noviembre) igual o inferior a 550 mil pesos; de 75 mil pesos, para los que perciban entre 550 mil y 770 mil pesos; y 38 mil pesos para los que tengan remuneraciones sobre los 770 mil pesos y hasta los 920 mil pesos.
Asimismo, se detallaba que las remuneraciones de $550 mil, $770 mil y $920 mil se incrementarán en $34.807 para el sólo efecto de la determinación del monto del bono especial no imponible, respecto de los funcionarios beneficiados con la asignación de zona.
Además se rebaja el tope salarial de quienes recibirán el reajuste, congelándose las remuneraciones a partir de los $4,4 millones, a diferencia de los $4,8 millones que planteaba inicialmente el Gobierno.
El Ministerio de Hacienda aseguró en el informe financiero que estos cambios aumentaban el costo fiscal del proyecto en $3.502 millones, costo que será ejecutado en el presente año. Con todo, el costo fiscal estimado para 2016 es de $152.977 millones, en tanto que para el año 2017 es de $837.737 millones.
La tramitación del reajuste llegó a este punto luego de que el proyecto original del Gobierno fuera rechazado dos veces por Cámara de Diputados y por una comisión mixta.
DP/PCP
