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El objetivo de la FAO es que todos los países de Latinoamérica ratifiquen el llamado Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP) -Chile ya lo hizo-, que busca prohibir a los buques que practican la pesca ilegal utilizar los puertos para desembarcar sus capturas, así lo explicó el coordinador del organismo para Mesoamérica, Tito Díaz.
«En la medida en que los puertos asuman esta reglamentación y creen los mecanismos para hacer el control, va a ser mucho más difícil para esos barcos de pesca ilegal poder llegar a cualquier país», indicó Díaz en una reunión celebrada en la capital panameña con representantes de diversas autoridades marítimas de la región.
El tratado internacional, que no entró en vigor hasta este año a pesar de que fue elaborado por la FAO en 2005, contribuye a mejorar la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de los pequeños pescadores, apuntó Díaz.
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También ayuda a preservar los ecosistemas marinos, ya que hay muchas especies que tienen veda y que aún así siguen siendo capturadas, añadió el coordinador.
Según las estimaciones de la FAO, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) alcanza cada año 26 millones de toneladas, lo que equivale aproximadamente al 15 % de la producción mundial registrada.
El acuerdo ha sido ratificado por una treintena de países, entre los que se encuentran Estados Unidos, la Unión Europea y cinco latinoamericanos: Panamá, Chile, Cuba, Costa Rica y Uruguay.
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