La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó ayer -miércoles 16 de noviembre- el recurso de protección presentado por un grupo de padres y apoderados en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo, y la inoculación de sus hijas o pupilas en la prevención del virus del papiloma humano (VPH).
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En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros José Ismael Contreras Pérez, Ana Cienfuegos Barros y Claudia Lazen Manzur- no dio lugar a la acción cautelar por considerar, entre otros, que el decreto cuestionado fue dictado por la ministra de Salud «en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, garantizando el acceso gratuito y universal de las prestaciones referidas a inmunización».
«Luego, no se divisa en el decreto impugnado ni en aquellos que lo anteceden un acto ilegal ni tampoco arbitrario, desde que se encuentra debidamente amparado por la legislación vigente», señala el documento.
El fallo agrega finalmente que «en lo que dice relación con el hecho de que se estaría forzando la vacunación de las niñas, dicho aserto ser desestimado (…) el funcionario público que se enfrente a la negativa de una persona a vacunarse o a permitir la vacunación de su hijo debe conducirse con amabilidad y hacer los máximos esfuerzos para que la persona cambie de opinión respecto a la importancia de la vacunación para prevenir la enfermedad; la importancia de la vacuna para alcanzar la máxima protección de la población y evitar epidemias que puedan dañar al colectivo (…) De continuar la negativa, la persona debe suscribir el documento el que una vez firmado debe incluirse en la ficha clínica». «(…) si bien el Estado promueve que las prestaciones relativas a inmunización sean recibidas por la gran mayoría de la población, existe la posibilidad cierta de los destinatarios de la misma de negarse a recibir la vacuna a través de la suscripción de un formulario».
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