En La Paz, sede de gobierno, el racionamiento de agua afecta a cerca de 340.000 personas, casi la mitad de los 800.000 habitantes de la ciudad.
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También tienen problemas de suministro de agua la vecina El Alto, Cochabamba (centro), Sucre (sureste), Tarija (sur), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste).
Las tres represas que abastecen a La Paz «muestran una criticidad preocupante que puede desencadenar situaciones mucho más extremas, si es que no llueve» hasta fin de mes, dijo la Autoridad de Control y Fiscalización de Agua, Víctor Rico, al canal de TV-PAT.
Las reservas de las represas Incachaca y Hampaturi, cercanas a La Paz y las más importante del país, estaban en 6% y 1% respectivamente, por falta de lluvia en los últimos meses, reconoció la empresa estatal de agua Epsas, cuyos ejecutivos fueron cesados el miércoles por el presidente Evo Morales, molesto por el mal manejo del problema.
El gobernante pidió «disculpas al pueblo paceño» por la falta de agua y prometió soluciones a la brevedad.
Entre tanto, el Colegio de Médicos de La Paz recomendó suspender las clases escolares por el racionamiento y porque cuando el servicio se restablece temporalmente, el agua llega «turbia y con un color café», según su vicepresidente Ricardo Landívar.
La falta de agua empieza a generar protestas. En Cochabamba (centro) se registraron bloqueos de caminos por vecinos, quienes fueron dispersados por la policía con bombas lacrimógenas, aunque no se registraron daños personales. En Potosí (suroeste) hay amenazas de choques entre campesinos y mineros que se disputan acuíferos.
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El viceministro de Agua de Bolivia, Rubén Méndez, fue retenido ayer por tres horas por vecinos de la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz, al presentarse a una reunión informativa sobre los planes para garantizar el abastecimiento del líquido en el municipio ante la sequía que azota al país.
Los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) reclamaban la presencia de la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, para que les informe en persona sobre la situación del abastecimiento de agua potable en El Alto, ante los racionamientos aplicados en una parte de la vecina La Paz.
Tras tres horas de retención, Méndez y el gerente de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) para El Alto, el ex diputado oficialista Roberto Rojas, que también acudió a la reunión, fueron liberados en medio de un nutrido contingente policial.
«No se ha dado el informe correspondiente, los distritos no lo han permitido porque quien debe dar el informe es la cabeza, la cabeza más alta, la ministra Moreira», dijo un dirigente de la Fejuve, Jimmy Mamani, a la radio Erbol antes de que los funcionarios fueran liberados.
Méndez y Rojas acudieron a presentar dicho informe a una sede de la Fejuve en El Alto, donde fueron retenidos.
Mamani también dijo que en El Alto «hay una molestia general» y «se está pidiendo la renuncia de la ministra».
Una fuente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua aseguró a Efe que el abastecimiento del líquido para El Alto está garantizado por las represas que proveen a la ciudad por «tres o cuatro meses» incluso en el peor de los supuestos de sequía.
La misma fuente dijo que no se daban las condiciones para el diálogo con la ministra, como pedían los dirigentes vecinales, y atribuyó la retención de los dos funcionarios a una agenda política que apuntaba a la dimisión de Moreira.
Antes de que los vecinos de El Alto dejaran ir a Méndez y Rojas, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, dijo a los medios que la ministra Moreira no se presentaría en El Alto y que los dirigentes de la Fejuve estaban cometiendo el delito de secuestro.
«No podemos someter al Gobierno a un chantaje», sostuvo.
Según Romero, el «trasfondo de esta acción no obedece» a una preocupación por posibles racionamientos de agua, sino a un «intento de ‘cuotear’, es decir, obtener cuotas de poder en «algunas instituciones públicas».
Agregó que «lo que ha sucedido con Epsas es un caso muy preocupante que debe ser investigado a fondo», ya que, en su opinión, si hubo reparto de cargos y tráfico de influencias a favor de dirigentes, los vecinos de El Alto estarían sufriendo una mala gestión de un servicio básico fundamental como el agua.
Minutos después de la intervención de Romero, Méndez y Rojas fueron liberados.
La sequía que padece Bolivia, la peor en 25 años, ha agravado los racionamientos de agua en La Paz afectando a alrededor de 340.000 habitantes y provocó que el presidente Evo Morales destituyera el miércoles a dos funcionarios por su mala gestión del problema, incluido el gerente de Epsas.
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