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En el congreso avanza un proyecto de ley que extiende los alcances de la ley de trabajo pesado a los trabajadores directos de una misma empresa y a los contratados bajo régimen de subcontratación o suministro. Se trata de un beneficio importante para miles de ciudadanos que es poco conocido por los chilenos y chilenas.
Se considera trabajo pesado las labores que aceleran el desgaste físico, intelectual o psíquico y que provocan un envejecimiento precoz. Cuando un puesto de trabajo se califica como trabajo pesado, se aumenta la cotización previsional en el sistema de AFP, con un aporte de cargo del empleador y del trabajador equivalente a un 2% o a un 1% de su remuneración imponible. Además, los afiliados obtienen una rebaja de edad para pensionarse por vejez de dos años por cada cinco que hubieren efectuado la cotización adicional del 2%, con un máximo de diez años de rebaja; y de un año por cada cinco trabajados, con un máximo de cinco años, si la cotización hubiere ascendido al 1%.
El requerimiento de calificación de una labor como trabajo pesado puede ser efectuado por el trabajador, el empleador o el sindicato, y debe ser presentado ante la Superintendencia de Pensiones o la Seremi del Trabajo y Previsión Social, remitiéndose la solicitud posteriormente a la Comisión Ergonómica Nacional, encargada de evaluar la solicitud y entregar respuesta.
Desde la Subsecretaria de Previsión Social valoramos el avance de esta iniciativa, pues de ser aprobada la calificación de trabajo pesado de un determinado puesto de trabajo, se extenderá a quienes desempeñen la misma función en la misma empresa y a los contratados bajo régimen de subcontratación o suministro, lo que representa un avance en materia de derechos para el mundo laboral.
Esta nueva normativa propone que si una empresa cambia de dueño sus empleados o trabajadores no perderán su calificación de trabajo pesado como sucede en la actualidad. A su vez, esto significa un avance en nuestro sistema de relaciones laborales, ya que además se concede también a los sindicatos el derecho a apelación contra las resoluciones de la Comisión Ergonómica Nacional, entidad que califica esta condición laboral.
Sin duda, con esta iniciativa legal se da un paso más en la implementación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, recientemente promulgada por la Presidenta de la República, pues mediante su enfoque preventivo nos obliga a evitar el desarrollo de actividades que aceleren el desgaste de quienes los realizan y generar los incentivos normativos para mitigar sus efectos.
Jeannette Jara
Subsecretaria de Previsión Social