Hasta la Contraloría General de la República llegaron esta mañana los diputados de Chile Vamos, José Manuel Edwards (IND), Andrea Molina (UDI)) y Paulina Núñez (RN), para solicitar una auditoría de los gastos, viáticos y recursos de todo tipo percibidos y otorgados de manera directa o indirecta a José Miguel Insulza, mientras se desempeñó como Agente de Chile ante La Haya.
En el documento presentado por los parlamentarios, se hace referencia a la agenda del ex agente desde que asumió el cargo, así como también a diversos recortes de prensa y participación en entrevistas, donde Insulza habría manifestado su opinión sobre política contingente. Por lo anterior, y ante la reciente confirmación de su candidatura presidencial, se cuestiona el uso de su cargo para fines particulares por sobre los preminencia que debe tener el interés general que implicaba el ejercicio de su función en Cancillería.
Según explicó Edwards, “el artículo 52 de la ley general de bases de administración del Estado dice que todos los funcionarios públicos deben observar la probidad administrativa. Y uno de los principios básicos es que el interés general está por sobre el interés particular; esa es la duda que nos cabe del actuar del ex agente Insulza, por cuanto desde un inicio siempre supimos que él estaba en campaña presidencial y que estaba dedicando su energía a ser candidato, o pre candidato, y no a defender los intereses de Chile”.
Respecto a la presentación ante el ente contralor, el parlamentario detalló que “vamos a pedir una auditoría y que nos expliquen de manera clara, pormenorizada y desagregada, cuáles fueron los recursos que se entregaron al ex agente Insulza, por cuanto él publicó su agenda en los medios de comunicación y la gran mayoría de las veces, él actuaba en seminarios por ejemplo, o en actividades políticas que nada tenían que ver con su cargo”.
Al mismo tiempo, la diputada Núñez señaló que «es importante entender que hay que despejar las dudas y los cuestionamientos que podamos tener nosotros en relación a que con los recursos de todos los chilenos se llevaron a cabo estas reuniones, o las acciones que él se supone hacía en beneficio de todo el país»
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Por su parte, la diputada Andrea Molina agregó que “ellos sabían perfectamente que estaban contratando a una persona que tenía necesidades y ganas políticas, y lo que nosotros queremos aquí aclarar, es en qué se gastaron esos recursos, en estricto de rigor, de dónde salieron estas platas; y por otro lado también, que Cancillería no se preste para ser un escenario de posibles candidaturas de lo que se venga el día de mañana”.
“Hoy día una candidatura presidencial ¿Mañana que se viene?, Cancillería va a ser qué ¿Un piso para las próximas elecciones de senadores y diputados? Eso no puede ser”, enfatizó la legisladora.
Asimismo la diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Paulina Núñez, apuntó a las verdaderas intenciones del ex Agente. “Él le mintió al país, cuando dijo en la Cámara de Diputados que no iba a ser candidato. Le mintió al Canciller cuando le dijo que se iba a dedicar en un 100 % en su cargo de Agente, le mintió a la Presidenta de la República, que confió en este Agente para potenciar el equipo de Chile; y hoy día le miente al país cuando dice que estaba concentrado en el desempeño de su cargo, cuando sabemos que en la última semana estuvo en más reuniones para ver su intereses personales, que cuáles iban a ser los pasos a seguir para nuestro país”.
A juicio de Edwards, “no podemos permitir que la Cancillería se transforme en un trampolín político para una persona que pretende ser candidato presidencial, ni tampoco en una bolsa de trabajo para los amigos. Los intereses de Chile debemos defenderlos todos”.
Finalmente, la diputada Marcela Sabat señaló: A mí me causa tristeza que alguien en quien depositamos nuestra confianza para resguardar los intereses nacionales, desestime dicha labor y se haya beneficiado incluso de ello. Será la Contraloría la que determinará si solo hubo un beneficio desde la perspectiva de la exposición pública, o pudo haber alguna conducta que amerite algún reproche administrativo”.
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