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Con el objetivo de financiar iniciativas que contribuyan a la reposición de las actividades económicas que resulten afectadas por eventos de violencia rural, este jueves la Cámara Alta aprobó una propuesta -de los senadores Alberto Espina y José García Ruminot- que busca indemnizar a los miles de afectados por atentados en el sur del país (incluyendo a La Araucanía), a través de un fondo del a menos $3 mil millones.
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Luego de un intenso debate que se extendió por dos días, la norma –que contó con la aprobación del Ejecutivo- señala que “mediante resolución, la Subsecretaría de Prevención del Delito podrá celebrar convenios de transferencias con la Intendencia, Gobierno Regional y Gobernaciones Provinciales en la Región de La Araucanía. Asimismo, mediante resolución, podrán incorporar provincias de las Regiones del Biobío y de Los Ríos para la aplicación de este programa”.
Al respecto, Espina precisó que esta normativa “es un importante avance en hacer un mínimo de justicia, que es permitir que las víctimas de la violencia producto del conflicto que se arrastra por años en La Araucanía puedan acceder a recursos que les permitan retomar las actividades económicas que perdieron a raíz de los atentados criminales de que fueron objeto”.
“Esto es solo una primera etapa, porque luego queremos establecer una indemnización a las víctimas por todo el daño causado para lo cual nosotros estamos preparando un proyecto de ley que va a tener el mismo procedimiento que la Comisión Rettig en términos de indemnizar a las víctimas desde el año 90’ que sean producto de hechos de violencia”.
Al mismo tiempo, García Ruminot expresó que “este es el primer acto de reconocimiento del Estado a las víctimas de la violencia. Nos hemos encontrado con muchas situaciones de personas que, junto con el dolor y la impotencia de ver como se han reducido a cenizas sus herramientas de trabajo para generar su sustento laboral, se encuentran sin poder retomar sus labores ni poder pagar compromisos financieros”.
El parlamentario RN sostuvo que “la idea es que estos, a lo menos, $3 mil millones se puedan destinar mediante procedimientos simples, sencillos, objetivos y transparentes, postulando a través de proyectos, entreguen un apoyo productivo a las víctimas de violencia y, así, puedan retomar sus labores”.
Finalmente, García argumentó que “ojalá las normativas internas que dicte el Ministerio el Interior sean lo suficientemente expedita, de tal manera de permitir que las personas que se han visto afectadas por hechos de violencia puedan postular a estos recursos. Esto es lo que nos anima y esperamos que ello ocurra así”, concluyó.
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