El próximo año las tarifas del tag subirán en aproximadamente un 6,5%, lo que tiene inquietos y preocupados a los usuarios de las autopistas.
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Por ello, junto al diputado Gabriel Silber y a “Automovilistas Unidos”, hemos pedido revisar los contratos y cambiar la fórmula en que se reajustan las tarifas cada año.
En este sentido, hemos dicho que es necesario elaborar una nueva fórmula que ponga al centro la economía del país, cambiando la lógica actual del alza de 3,5%, para pasar a considerar sólo el IPC más un alza máxima proporcional al crecimiento de la economía, lo que es el verdadero reflejo de los ingresos de las personas.
Hace 20 años las concesiones fueron una buena iniciativa, basada en el uso de recursos privados para infraestructuras públicas, lo que ha permitido sin duda el desarrollo de nuestro país. El Presidente Frei y el Presidente Lagos fueron visionarios en incorporar esta metodología de inversión en proyectos de desalinización de agua, carreteras, puertos y aeropuertos.
En particular, las concesiones de las autopistas han sido un aporte, pues han permitido contar con infraestructura muy necesaria para dar respuesta a nuevas demandas. Sin embargo, necesitamos reestructurar los formatos y los contratos en función de que estos no sean un castigo para los usuarios.
Es vital además considerar el equilibro que debe existir entre precio y calidad del servicio prestado. En el caso de las autopistas hay un claro desequilibrio. Los usuarios acusan insatisfacción, pues muchas veces deben enfrentar enormes tacos al interior de las autopistas, así como también el incremento de las tarifas en horas punta, justamente cuando se producen los mayores atochamientos.
Pero además de la crítica de los automovilistas al servicio, es importante considerar que el incremento del flujo vehicular y el crecimiento de la ciudad finalmente está redundando en mayores utilidades para las empresas.
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A saber: en 2015 el flujo vehicular de Autopista Central creció en un 14% y sus ingresos en un 11% (US$50 millones); Costanera Norte aumentó su flujo en un 11% y sus ingresos en un 20% (US$73 millones) y en Vespucio Sur creció el tráfico un 7% y sus ingresos un 14%.
Las ganancias detalladas, son muy superiores a las proyectadas y no ofrecen un servicio satisfactorio para los usuarios; tampoco han permitido la construcción de obras de mitigación que hagan de Santiago una mejor ciudad.
Además, se toman decisiones unilaterales como sumar nuevos pórticos. Es el caso de la inminente instalación de uno en el puente Petersen de Renca, lo que no tiene justificación y perjudicará a los renquinos, que ya cuentan con deficientes sistemas de transporte y accesos.
El modelo que consideraron al inicio de las concesiones está agotado. Éste suponía un crecimiento del parque automotriz del 2% en circunstancias que hoy crece a un 4,6%. Por eso es oportuno que el Gobierno revise los contratos.
Pediremos al ministro Undurraga que patrocine un proyecto de ley que permita ajustarnos a nuevas realidades que combinen una serie de elementos que generen el equilibrio entre precio y calidad del servicio, siempre con la premisa de que las tarifas no pueden subir más que el IPC sumado al crecimiento económico.
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