Diputados piden evaluar uso de tobilleras electrónicas en condenados

El debate se abre luego que uno de los responsables del robo a la casa de la diputada Karol Cariola (PC) se encontraba sometido a supervisión en tiempo real.

Por SEBASTIÁN VEDOYA M.
Diputados piden evaluar uso de tobilleras electrónicas en condenados

Tras tres años desde su aplicación, se reabrió la polémica por el uso de tobilleras y brazaletes electrónicos en personas condenadas por la justicia. El debate sobre la eficiencia del sistema gestionado por Gendarmería surge luego que uno de los detenidos por el robo en la casa de la diputada Carol Kariola (PC), el pasado lunes, se encontraba en reclusión parcial y monitoreado a través de una tobillera electrónica.

El individuo identificado como Luis José Garrido Allende fue detenido este jueves y había sido liberado hace dos semanas luego de cumplir 3 años de prisión por el delito de robo con fuerza.

El soporte técnico es suministrado por la empresa estadounidense Track Group, la cual se adjudicó en 2013 una licitación por 35 mil millones de pesos para suministrar 9.400 dispositivos y posibilitar el conteo de datos y supervisión en tiempo real de las personas. Sin embargo, el sistema no ha estado ajeno a problemas y en marzo de este año se modificó el contrato entre la empresa y Gendarmería al no existir capacidad de realizar un monitoreo efectivo en casos de riesgo, tras lo cual se reservó su implementación sólo para el control sustitutivo en individuos con reclusión parcial.

Para el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) “acá hay una responsabilidad evidente del monitoreo”. “Hemos pedido a Gendarmería que se evalúe el sistema de tobilleras y de continuar este tipo de problemas se debe revisar el funcionamientos y principalmente a qué persona se les otorga”, aseveró.

La misma mirada tiene el diputado Guillermo Ceroni (PPD), quien cree que en general “pediría un informe detallado sobre cómo ha resultado este sistema”. De todas formas, el presidente de la Comisión de Constitución considera el instrumento “muy eficaz para controlar a las personas que obtienen libertades condicionales”.

Desde Gendarmería evitaron referirse al asunto, no obstante, aseguraron que el 24 de noviembre -6 días previos al robo a Cariola- se dio aviso al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que el dispositivo del detenido por el robo a la diputada PC se encontraba desactivado.

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