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Este lunes se lanzaron los resultados del Índice de Transparencia Legislativa 2016, una medición independiente que por tercera vez aplica parámetros objetivos para determinar qué tan abiertos a la ciudadanía son los congresos latinoamericanos.
El instrumento fue aplicado en 13 países por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, una iniciativa que agrupa a 24 organizaciones de la sociedad civil de todo el continente. En Chile, la Red es coordinada por Fundación Ciudadano Inteligente, y la organización Chile Transparente realizó en esta versión la recopilación de la información del Índice.
Costa Rica alcanzó el primer lugar en la medición 2016, seguido por Chile y Paraguay. En tanto, Argentina, República Dominicana y Venezuela ocupan los últimos lugares de la lista.
El Índice considera cuatro dimensiones en su evaluación: Normatividad, es decir, la existencia de leyes o reglamentos en temas claves para la transparencia y participación; la Labor del Congreso o Asamblea, esto es, la evaluación de la existencia de prácticas efectivas de transparencia en el desarrollo del trabajo legislativo; Presupuesto y Gestión Administrativa, la que se refiere a los niveles de transparencia en el uso de los recursos públicos asignados para el desarrollo de la labor del Congreso; y, por último, Participación Ciudadana, que constata la existencia de políticas que permitan y faciliten la intervención ciudadana efectiva en el proceso legislativo.
Los resultados muestran que Chile es el único país evaluado que cuenta con regulación del lobby. Sin embargo, requiere avanzar urgentemente en medidas para establecer canales de participación ciudadana en el proceso legislativo, en la creación de un organismo independiente que arbitre disputas de acceso a la información pública legislativa, el despliegue territorial del Congreso más allá de Santiago y Valparaíso y mejor información pública en el Senado (particularmente respecto a asesores parlamentarios y viajes de sus miembros).
Para Octavio Del Favero, coordinador de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa y Coordinador Legislativo de Ciudadano Inteligente, el índice “muestra que hoy estamos a mitad de camino como región, donde hay países que están muy rezagados en la materia. En otros, se observan niveles mucho más avanzados, pero donde aún hace falta un esfuerzo en elementos que son fundamentales. Dentro de este segundo grupo se encuentra Chile. A nivel regional, aún quedan aspecto importantes en los cuales avanzar, como lo es la regulación y transparencia del lobby y las asesorías a parlamentarios, en la independencia de los órganos fiscalizadores en materia de acceso a la información, en la generación de canales institucionales de participación ciudadana y, en general, en mayor transparencia en los usos de los recursos públicos asignados a los congresos”.
En tanto, Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, señaló: “Frente a los actuales niveles de desconfianza y falta de legitimidad que experimentan los actores políticos e instituciones representativas, se torna urgente avanzar en materia de transparencia. La transparencia es un mecanismo que puede ayudar a revertir esta situación negativa. Los resultados del índice nos muestran que el Senado y la Cámara de Diputados tienen mucho espacio para avanzar en esta dirección y fortalecer su institucionalidad».
«Es un desafío para el Congreso avanzar en los canales de participación ciudadana, mejorar los estándares de transparencia en temas de gestión y administración así como también mostrar de mejor manera la labor que realizan y cómo lo realizan. Estamos como Chile Transparente dispuestos ayudar a mejorar los estándares de transparencia para que estas instituciones puedan recuperar la credibilidad y confianza frente a la ciudadanía”, remató.
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