La seguridad es una prioridad de la ciudadanía. Es algo que no sólo está presente en las encuestas, es lo que recogemos en ferias y organizaciones sociales que visitamos constantemente. En esta materia, la Agenda Corta Antidelincuencia y el control de identidad han sido elementos relevantes.
Un gran desafío es terminar con la preocupante situación de hacinamiento en las cárceles, no sólo por eventuales problemas de derechos humanos, sino porque muchas veces las cárceles se convierten en escuelas que lideran los delincuentes avezados. Esto genera la imposibilidad de recuperar a aquellos que cumplen condenas menores.
Ingresar a recintos carcelarios no permite la reinserción de quienes aún están a tiempo de revertir una potencial carrera delictual. Es allí donde tenemos que poner el acento. Menos personas en las cárceles, más penas alternativas. Es por eso que debe promoverse el uso de tobilleras o brazaletes electrónicos.
Desde que el Ministerio de Justicia inició su implementación, se han realizado más de 28 mil solicitudes y se han ejecutado 4.467 instalaciones de tobilleras electrónicas sólo durante 2015. Cabe decir que el 98% se usan en arrestos domiciliarios.
Uno de los usos que se da a los brazaletes es para aquellos condenados por violencia intrafamiliar, una herramienta efectiva como medida cautelar.
En la misma línea, en el Parlamento se ha estado discutiendo la posibilidad de usarlos en reos condenados por abuso, de forma de monitorearlos, evitar nuevos ataques y para que las víctimas sepan dónde están los acusados.
Sin embargo, ha habido dificultades. Desde la falla técnica de estos dispositivos, hasta las falencias en su tecnología: la señal se pierde en algunos lugares o bajo algunas circunstancias. El paradero puede no ser exacto y algunas veces son desinstalados por quien ha sido sujeto de este beneficio.
Por ello, es imperativo asegurar que la calidad permita el objetivo de mantener a un condenado alejado de la cárcel como escuela del delito, pero que también permita monitorearlo para evitar nuevas faltas.
Además de estas virtudes, estos dispositivos electrónicos podrían contribuir a la reinserción de los condenados, pues les permitiría desarrollar alguna actividad productiva.
Para que esta tecnología se valide en Chile debemos mirar a países que han implementado el sistema con éxito. Australia es uno de ellos. Por ahora Chile está al debe con estos sistemas y es ahora, por todo el círculo vicioso mencionado, cuando debemos insistir en su uso.
La Comisión de Seguridad Ciudadana que presido en la Cámara de Diputados ha estado haciendo todos los esfuerzos para generar las condiciones que permitan que las personas se sientan más seguras. Hemos aumentado las penas para delitos violentos y estamos empujando iniciativas que permitan dar más atribuciones a Carabineros. Además, en este sentido, es crucial que esta institución se modernice para que los funcionarios dejen de realizar trabajo administrativo para estar en terreno.
Hemos avanzado, pero queda mucho por hacer y sin duda la tecnología puede aportar a generar mayor seguridad a la ciudadanía.
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