Parlamentarios coinciden en la necesidad de derogar el texto que otorga 10% de las ventas de Codelco a las FF.AA.
El contenido de sus cuatros hojas fueron durante la misma cantidad de décadas uno de los principales secretos de Estado en nuestro país. La Ley Nº13.196 o más conocida como la Ley Reservada del Cobre dejó este jueves la oscuridad que la rodeaba al interior de la caja fuerte ubicada en la secretaría general de la Cámara de Diputados, para ver la luz y convertirse en información de libre acceso. Un hecho que es considerado por los mismos parlamentarios que impulsaron su publicación como un primer paso para resolver una de las discusiones de mayor data en la política chilena: la compra de armamento bélico a través de los ingresos generados por la venta del principal ingreso nacional, el cobre. Sin embargo, no pasa de ser un hecho más simbólico que revelador, ya que la norma no exhibe nada que fuera desconocido.
Pese a que el contenido de esta norma antecede a la dictadura militar de Augusto Pinochet -la ley fue creada en 1958 por el presidente Carlos Ibañez del Campo-, durante este régimen se le otorgó su calidad de secreto y se establecieron sus principales preceptos, incluso llegándose a modificar siete veces en 17 años.
Recién iniciado el texto, se establece que el “10% del ingreso en moneda extranjera determinado por la venta al exterior de la producción de cobre (…) y el 10% del valor de los aportes en cobre al exterior que efectúe Codelco, deberán ser depositados en la Tesorería General de la República, con el objeto de que el Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena), cumpla con las finalidades de la ley Nº 7.144”.
La norma fija en su concepción que si el monto es inferior a US$180 millones ($120 mil millones chilenos), “la diferencia debe ser completada por el Fisco». Además, se dictamina que dicho dinero sería reajustado cada año, lo cual ha permitido a las instituciones recibir en 2015 US$858 millones ($576 mil millones).
Según explica a Publimetro el experto en derecho minero y académico en la Universidad de Chile, Cristián Quinzio, esta “regalía” significa que la empresa “debe entregar el 10% de las ventas netas», es decir, que no se pueden descontar los gastos en que se incurra para producir ese cobre. “Si vendo 100, independiente que mi utilidad sea 80, tengo que entregar el 10% de 100”, ejemplificó.
Este dinero, según se establece, se entregará en forma reservada mediante cuentas secretas y su inversión se “dispondrá mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación”. Dichos montos serán depositados, a medida que se produzcan, en cuentas especiales para cada rama de las Fuerzas Armadas. Y establece que US$3.350.000 serán entregados cada año al Consudena. Desaparecido este ente en 2011, fue el Ministerio de Defensa el encargado de asumir su rol. En cuanto a los créditos que deban ser pagados con estos recursos, la norma define que deben ser autorizados por el Ministerio de Hacienda, “sin observar los procedimientos que ordinariamente deben seguirse para extender esa autorización”.
Con relación al objetivo que cumple el dinero, se asevera que este debe ser destinado “a la satisfacción de todos los requerimientos que tengan por objeto adquirir y mantener los materiales y elementos que conforman el potencial bélico de las instituciones armadas”. Estos recursos, se sanciona, serán controlados y fiscalizados por la Contraloría General de la República (CGR) en forma reservada y ellos no podrán ser incluidos en la contabilidad general de la Nación.
Por último, se decreta que ocurre con los excedentes a partir de los US$195 millones, advirtiéndose que estos recursos irán en un 45% dirigidos a amortización de las deudas, en un 50% al “potencial bélico” y el 5% restante a la Consudena.
«No existen normas similares en el mundo”
Cristián Quinzio destacó la particularidad de esta ley, la cual enfatiza ha significado una serie de restricciones para el desarrollo de Codelco, como por ejemplo, “cuando se quizo entrar a Perú para aprovechar yacimientos cupríferos importantes». “Jamás un país limítrofe le va a otorgar sus recursos naturales a una empresa que tiene que entregar un porcentaje de dinero a las FF.AA. para destinarlo en armamento”, comentó.
“Este año ha sido significativo, por cuanto Codelco ha tenido pérdidas en su balance y tiene que endeudarse para pagar esta regalía”, agregó.
Diputados apoyan derogación de la ley
Según el diputado Jaime Pilowsky (DC), «a partir de hoy, lo que corresponde es iniciar un proceso para derogarla y discutir un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas que permita, por un lado, una planificación a largo plazo; y, por otro, la participación del Congreso Nacional en esta materia que a la fecha se encuentra interdicto; y, por supuesto, tener los sistemas de control adecuado para poder evitar cualquier tipo de irregularidades en el manejo y administración de estos fondos”.
Desde la oposición, el diputado Jorge Ulloa (UDI) comparte la necesidad de derogar esta norma e impulsar que los recursos designados a las FF.AA. permitan el desarrollo de la cuprífera. Sin embargo, considera que la solución se encuentra en el proyecto de ley aprobado en 2012 por la Cámara, el cual deroga la Ley Reservada y crea un sistema de financiamiento plurianual asociado a una estrategia de seguridad y defensa. “El gobierno no ha hecho nada por impulsar esta iniciativa que se encuentra desde hace cuatro años durmiendo en el Senado”, señaló.
