El director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional (Uciex), Antonio Segovia, confirmó la solicitud de cooperación penal internacional enviada por las autoridades judiciales francesas el jueves pasado en el caso de la desaparición de la ciudadana japonesa de 21 años, Narumi Kurosaki, ocurrida en la ciudad de Besançon y que tiene como principal sospechoso a un ciudadano chileno.
“La fiscalía recibió un pedido de asistencia mutua en materia penal de parte de las autoridades competentes de Francia, cuya ejecución se derivó a la fiscalía competente (en Chile) y están en curso esas diligencias para poder informar a la mayor brevedad a las autoridades requirentes”, explicó el director de Uciex.
En términos generales los requerimientos específicos tienen que ver con la “identificación y últimos movimientos de algunos de los sospechosos que tienen en curso la fiscalía francesa, pero no podemos pronunciarnos mucho más en profundidad con el objeto de no entorpecer dicha diligencia”, añadió Antonio Segovia.
Una vez recopilados los antecedentes por parte de la fiscalía, la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional los derivará a la Cancillería, organismo encargado de hacer llegar los antecedentes a la autoridad central competente de Francia.
El joven chileno sospechoso del crimen habría escapado a Chile, por lo cual la policía vigila su domicilio en Las Condes, pero también se le busca en La Serena.
En relación al proceso de extradición iniciado por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente en contra de Alberto Chang, el director de Uciex confirmó que existe un requerimiento adicional de parte de las autoridades de Malta.
“Efectivamente hay una solicitud de información adicional, que son solicitudes completamente normales en el marco de un proceso de extradición que tiene que ver con precisar algunos puntos y que van a ser contestadas vía diplomática, también a través de la autoridad central en este caso la cancillería chilena”, señaló Segovia.
Alberto Chang se encuentra formalizado en Chile por estafa, lavado de activos e infracciones a la ley de mercado de valores y de bancos a más de 1.000 clientes por alrededor de US$ 100 millones.
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