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El crimen de Brian, el adolescente asesinado por otro de 15 años en el barrio de Flores en la capital trasandina durante la víspera de Navidad, reavivó el debate por la baja de la edad de imputabilidad.
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Y, en el inicio de un año electoral, el gobierno argentino busca tomar la iniciativa y adelantarse a la oposición en un tema que fue puesto en tribuna durante las últimas campañas. Por ello, uno de los primeros decretos que firmará el mandatario será para oficializar la convocatoria a una comisión especial que se encargará de analizar y confeccionar un anteproyecto para reformar el régimen penal juvenil.
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“Impulsamos la reforma del régimen penal juvenil porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada. En esa discusión se pondrá sobre la mesa el tema de la edad de imputabilidad pero, principalmente, el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal”, confirmó el ministro de Justicia, Germán Garavano, al medio local el Clarín.
La intención de la Casa Rosada es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad con distintas escalas según el delito cometido: la pena de prisión sería sólo para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas.
La mesa estaría coordinada por un representante del poder ejecutivo e integrada por jueces, fiscales y expertos en justicia penal juvenil, educación y salud. En la instancia se analizarán los testimonios concluyentes de las diversas jornadas de debate organizadas durante el año pasado por la Subsecretaría de Política Criminal, en las que participaron representantes del poder judicial y de procuradurías de todas las provincias.
La última vez que existió voluntad política para abordar la cuestión en Argentina fue en 2010, cuando un proyecto de régimen penal juvenil propuso bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, siendo sancionada posteriormente en el Senado.
En Latinoamerica durante las últimas dos décadas se ha legislado sobre sistemas especiales de responsabilidad penal juvenil, cuyo margen de edad suele fijarse entre los 12 y 18 años, aunque en algunos casos inicia desde los 13, como en Paraguay, Uruguay, Nicaragua y Guatemala, mientras que en Chile comienza a los 14 años.
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