A través de una carta a la comunidad educativa, el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, comunicó la demanda civil contra el Estado de Chile por incumplimiento de la ley vigente.
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En el documento, la autoridad afirma que la decisión fue adoptada “debido a lo ocurrido con la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2017 -promulgada el 15 de diciembre de 2016-, la cual fue aprobada sin que el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) otorgado a las universidades e instituciones de educación superior chilenas desde hace más de 30 años, fuera contemplado ni bajo su modalidad tradicional ni como materia de otras partidas”.
La demanda por $1.700 millones, precisa Sánchez busca “hacer presente el incumplimiento en que ha caído el Estado de Chile respecto de una normativa plenamente vigente, que fue creada como una ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer y reconocer a aquellas instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes. En tal sentido, nos parece extraordinariamente grave que se establezca un precedente de esta naturaleza en materia de Educación Superior, por cuanto ello comprometería de manera seria el desarrollo futuro del conjunto del sistema”.
Sobre la medida, el rector afirma que no fue una decisión fácil, pero que se debió adoptar luego de haber agotado todas las instancias de diálogo con las diversas autoridades y actores, tras hacer referencia pública a esta posibilidad.
“Asimismo, hemos incurrido en esta acción después de comprender que los compromisos oficiales contraídos por dos ministros de Educación del actual gobierno con el Consejo de Rectores, en torno a la estabilidad presente y futura de los recursos, con independencia de sus mecanismos de asignación no se han cumplido”, puntualiza Sánchez en la misiva.
Cabe mencionar que conforme al DFL Nº 4 de 4 de enero de 1981, que fija normas sobre financiamiento de las universidades, es obligación del Estado otorgar anualmente un aporte fiscal indirecto a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que matriculen a los primeros 27.500 puntajes de la ex PAA y actual PSU (art. 3).
El monto se establece considerando los alumnos matriculados en el primer año de estudios del periodo inmediatamente anterior, por lo que según la autoridad de la UC “hace que la suma adeudada a la Universidad Católica y a todas las otras instituciones del sistema responda a lo obtenido por cada una de ellas a través de los estudiantes que ya ingresaron en marzo de 2016”.
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En la misma línea, se explica que retirar el AFI afecta los presupuestos operacionales de las universidades y centros profesionales y técnicos, medida que incide de manera directa en el desarrollo y la calidad de cada uno de los proyectos.
“En lo particular, la medida adoptada por el Estado y sus órganos implica para la UC un daño patrimonial de más de mil setecientos millones de pesos. Sin embargo, en la actual demanda no es esto lo que estamos solicitando, sino en principio solo el reconocimiento de la ilegalidad existente debido a la decisión del Estado de eliminar este aporte. Consideramos que lo más grave es afectar el estado de derecho y el incumplimiento de la legalidad vigente, lo que no podemos permitir”, precisa.
“Tal como hemos sostenido durante toda la discusión sobre la Reforma de Educación Superior, la UC no se quedará pasiva en la defensa de recursos que pertenecen a la universidad y que están orientados a becas de reforzamiento, apoyo a nuestros estudiantes, desarrollos académicos y otros usos que fortalecen el proyecto. Estamos confiados en que la solidez de los argumentos que se exponen y que sustentan nuestra solicitud serán debidamente ponderados por los Tribunales de Justicia”, cocluye Sánchez.
PUB/NL
