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Cuatro muertos y más de 600 detenidos han dejado por ahora las protestas iniciadas hace cinco días en México por el alza de los combustibles, en las que el descontento ha dado paso a saqueos y a una psicosis general por temor a actos vandálicos y toques de queda, amplificada por las redes sociales.
Aunque el panorama actual parece menos grave que el que parecía avecinarse el miércoles por la noche, cuando se produjeron las principales rapiñas masivas, sobre todo en el Valle de México (centro), donde está la capital, y en el puerto de Veracruz (Golfo de México), permanece la alerta de las autoridades y los ciudadanos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, vecino de la capital, informó de que «se tienen registrados 430 detenidos en flagrancia por su presunta participación en actos vandálicos».
Entre los detenidos por esas acciones, sucedidas desde el miércoles por la tarde hasta la pasada madrugada, se encuentran 306 adultos y 124 menores de edad.
Por su parte, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, dijo que los actos vandálicos y saqueos en la capital se han saldado de momento con 76 personas detenidas, siete de ellas menores.
«Hoy amanece en calma» pero «sigue habiendo llamados para manifestaciones públicas en contra del aumento de la gasolina», ahondó, en alusión al uso que se ha hecho de las redes sociales para convocar a acciones delictivas coordinadas, lo que ha generado también una fuerte psicosis entre los mexicanos.
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En los sucesos del miércoles murió un policía y otros cinco resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, según la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
Los actos vandálicos y saqueos han afectado a al menos 250 establecimientos, según la asociación Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México.
La Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México explicó que 20.000 comercios de la capital cerraron y estimó en 52 millones de pesos (2,4 millones de dólares) las pérdidas económicas por ventas no realizadas, en una época especialmente rentable por la cercanía del Día de Reyes.
Pese a ello y ante la aparente mejora de la situación, el Grupo Gasolinero G500 abrió este jueves la totalidad de sus 1.800 estaciones de servicio tras cerrar el martes al menos un centenar.
En el puerto de Veracruz 96 personas fueron aprehendidas el miércoles y acusadas de terrorismo y motín, lo que derivó hoy en nuevas protestas de los familiares de los detenidos frente al centro de reclusión al que fueron llevados.
Y este jueves, dos presuntos saqueadores muertos, unos 15.000 comercios cerrados y la principal zona turística paralizada fue el saldo del segundo día de disturbios en el estado de Veracruz.
En tanto, las manifestaciones en Monterrey, capital del estado de Nuevo León, dejaron 21 personas detenidas, al menos una decena de heridos, daños en el Palacio de Gobierno y dos tiendas saqueadas.
Más de 10.000 personas frente al Palacio de Gobierno estatal participaron en una manifestación que degeneró en actos vandálicos cuando un grupo de jóvenes lanzó piedras y petardos contra los policías que vigilaban el edificio.
Las piedras rompieron seis grandes vitrales históricos del inmueble. La policía hizo frente a los jóvenes, quienes respondieron lanzando más piedras y otros objetos.
En coincidencia con el inicio de la fase más crítica hasta ahora de las protestas, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que aplicaría mano dura para evitar «abusos» y «tropelías», aunque la ausencia de las fuerzas del orden o su inacción explica para muchos que haya habido tantos saqueos.
Así lo pudo constatar Efe durante un recorrido por el centro comercial Plaza Jardines, del populoso municipio de Tultitlán, en el Estado de México.
Los cristales rotos de los aparadores y las cortinas metálicas que sellan los locales levantadas, pero sobre todo las tiendas sin mercancías, eran la viva demostración de que durante casi 24 horas las fuerzas del orden habían hecho la vista gorda ante esos actos delictivos.
Por la noche del miércoles, en un mensaje de año nuevo, Peña Nieto aseguró que entiende el enojo por el alza de las gasolinas en México, que atribuyó en que «en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca del 60 %».
Aseguró que «el Gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos de este incremento», y que antes de tomar la medida incluso se recortó el gasto gubernamental en casi 190.000 millones de pesos (8.862 millones de dólares).
Además, anunció, «a partir del primer trimestre de este año, se reducirá en 10 % la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales».
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