La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, negó hoy enfáticamente que el Gobierno hubiera intervenido para incidir en la rebaja de cautelares a la machi Francisca Linconao, imputada en el caso Luchsinger a quien se levantó la prisión preventiva el jueves pasado.
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La portavoz añadió que el Ejecutivo no abandonará su rol de querellante en el mismo caso, pese a que familiares del matrimonio asesinado en 2013 habían expresado su deseo que el Estado se retire de la causa.
«El Estado no dejará de ser querellante aunque la familia Luchsinger lo pida», enfatizó.
«Aquí no hay una opción en cuanto a que el Gobierno deje o no de ser querellante. No es un tema de querer o no querer. Cuando hay un homicidio de estas características, el Estado está obligado a ser querellante», recalcó.
Esta semana, a través de una carta enviada al ministerio del Interior, familiares del matrimonio que fue víctima del atentado incendiario ocurrido en Vilcún solicitaron que el Estado de Chile se desista de su calidad de querellante en la causa, argumentando que ya «no confían» en el Gobierno.
Tal opción fue respaldada por el senador por La Araucanía Alberto Espina y el diputado Diego Paulsen, ambos de RN.
«Es falso que hubiera presiones»
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Narváez también insistió en que en el caso «no ha habido presiones indebidas» y negó verosimilitud a informaciones según las cuales el Ejecutivo habría impuesto instrucciones al equipo jurídico de la Intendencia de La Araucanía, destinadas a conseguir que Lincona quedara bajo arresto domiciliario.
«Es completamente falso», declaró la vocera de Gobierno, consultada sobre el tema en el programa «Estado Nacional» de TVN. «Lo desmiento. Lo que ocurre aquí es un trabajo de carácter coordinado entre el nivel central y las regiones. Ocurre en en este caso y en muchos otros».
Narváez reconoció que un abogado del Ministerio del Interior «viajó hacia la Región de La Araucanía para participar en esta instancia. Además, en ese mismo momento había otra audiencia referida a otro imputado en el caso que requería la atención del abogado de la Novena Región. Estuvieron los dos abogados trabajando de manera coordinada».
«Aquí no hubo una imposición del nivel central hacia la región. Eso lo descarto de plano», insistió.
Narváez insistió en que el Gobierno ha condenado «con la mayor fuerza» el atentado «horroroso» que costó la vida al matrimonio Luchsinger Mackay. «Aquí no hay ningún tipo de relativismo, y el Gobierno está comprometido a que se esclarezcan los hechos y que se llegue a que las personas que resulten culpables cumplan con lo que dicte la justicia. Por eso el Gobierno es querellante», recalcó.
