La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela declaró este lunes el “abandono del cargo” por parte del presidente Nicolás Maduro y exigió el llamado inmediato a elecciones. La decisión, que contó con 106 votos favorables de diputados de la oposición, se produce in extremis, pues, según la Constitución vigente en Venezuela, solo hasta este lunes la falta absoluta del primer mandatario implicaría una convocatoria a elecciones para reemplazarlo.
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No se espera que, de momento, la declaración tenga un efecto práctico, más allá de ahondar la grave crisis institucional que atraviesa Venezuela. Desde septiembre pasado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el oficialismo, había declarado “en desacato” al Parlamento, dominado por la oposición. Ayer el TSJ aseguró que la destitución del presidente se encuentra “al margen de las atribuciones constitucionales” del Legislativo.
Aunque en noviembre se separaron de la Asamblea voluntariamente, el TSJ exigía que su desvinculación fuera votada, lo cual se hizo este lunes antes del debate sobre el abandono del cargo. La corte aún no ha levantado su declaración de desacato.
«Para ser efectiva (la declaración de «abandono de cargo») debe venir acompañada del nombramiento de un TSJ que no esté al servicio del Ejecutivo. Y habrá que ver si viene con una estrategia de calle que busque escalar la protesta», afirmó a la AFP Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk (Londres).
Para el constitucionalista Pedro Alfonso del Pino, «abandonar el cargo no es ejercer mal» las funciones, sino «dejar de ejercer el poder» y eso no ocurre en Venezuela.
En diciembre, la Asamblea declaró la «responsabilidad política» del presidente en la crisis, con la idea de abrirle un juicio político. Pero esta figura no está en la Constitución y, de todas formas, el TSJ anuló esa decisión.
En concreto, la Constitución venezolana, en los artículos 232 y 233, solo admite declarar el abandono de cargo del presidente en los siguientes casos: la violación a la soberanía nacional, a la integridad territorial y a la defensa de la nación; su revocatoria popular, muerte, renuncia o la incapacidad física o mental certificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
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Además, el Tribunal Supremo estableció que no es potestad de la Asamblea Nacional realizar un juicio político contra el presidente ni declarar el abandono del cargo. Por lo tanto, la decisión de este lunes de la AN desacata esta sentencia.
«No somos oligofrénicos. Sabemos muy bien que no va a haber elecciones. Aunque sepamos lo que va a pasar, no nos podemos abstener de cumplir nuestros deberes constitucionales», dijo al final de la sesión el diputado Henry Ramos Allup, uno de los líderes de la oposición.
– Peores desafíos –
El analista John Magdaleno dijo a la AFP que, aunque cambie estilo y ofensiva, el Legislativo enfrentará en 2017 «los mismos o peores desafíos» que en 2016: «Su actuación estará condicionada por la estrategia del chavismo, que es reducir las competencias de ese Parlamento».
El pasado viernes, diputados oficialistas pidieron al TSJ declarar ilegal a la nueva directiva parlamentaria, bajo el argumento del desacato.
Analistas estiman que la oposición, dividida en torno a un diálogo que mantiene suspendido con el gobierno, debe concentrarse en las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para este año y en recuperar el apoyo popular perdido tras frustrarse el referendo.
