El intendente del Mar del Plata, Carlos Arroyo, decretó ayer la prohibición absoluta de realización de fiestas electrónicas en las playas, las cuales tenían un lugar destacado en la parrilla festivalera de la temporada.
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El decreto cuenta con la aprobación del gobierno provincial, quienes vieron con preocupación la cantidad y dimensión posible de las fiestas electrónicas para este verano en la ciudad, a razón que el municipio hubiera autorizado 17 eventos, los que ya tenían más de 50.000 entradas vendidas.
Las causas
El fin de semana pasado, en una de las primeras fechas programadas en Mar del Plata, una fiesta electrónica a la que asistieron más de 3 mil personas requirió un amplio operativo de seguridad, en la que se detuvieron a asistentes por averiguación de antecedentes y tenencia ilícita de sustancias tóxicas. La lista de incluyó dosis de cocaína, marihuana y drogas sintéticas.
«Apoyo firmemente esta decisión», aseguró al secretario de Salud de la comuna, Gustavo Blanco, en entrevista al medio argentino La Nación .
«Como jefe del área de Salud no puedo permitir estas fiestas a las que ingresan 15.000 o 17.000 personas y donde se consumen sustancias preparadas, con todo lo que eso implica», advirtió Blanco.
Un informe oficial del municipio confirmó que el sábado pasado se atendieron a cuatro asistentes a la fiesta. El intendente señaló que uno fue trasladado en ambulancia con indicios de deshidratación y los restantes llegaron a centros asistenciales en autos particulares. El cuadro clínico advertido es compatible con el consumo de drogas sintéticas.
Para el sábado próximo estaba programada la presentación del trío británico Above&Beyond, cuyas entradas costaban unos 650 pesos argentinos (cerca de 28.000 pesos chilenos). Pero la mirada de los fanáticos de estos encuentros estaba puesta en el 21 de este mes, cuando en las arenas se presentaría el inglés John Digweed. Las entradas, a 600 pesos (aproximadamente unos 25.000 pesos chilenos) aún están a la venta por Internet.
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Los organizadores de los eventos no han emitido declaraciones públicas en los medios locales, aunque manifestaron su malestar por el daño económico y por el riesgo que la eliminación de estas fiestas derive en una serie de otros eventos ilegales, sin autorización ni medidas de seguridad que a ellos sí les son exigidas por las autoridades.
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