El pasado 11 de septiembre, cuando se cumplían 43 años del golpe militar de Augusto Pinochet, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, nombró como primera subsecretaria de Derechos Humanos a Lorena Fries. La cartera fue creada en enero del 2016, pero recién en este año comenzará a funcionar.
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Esta mujer que nació en Zúrich en 1960 y que es abogada de profesión, es hija de un empresario suizo y de una antropóloga española que huyó de la dictadura Francisco Franco. Llegó a Chile cuando tenía cumplidos seis años, sin embargo sólo se nacionalizó luego del retorno a la democracia, en 1990.
En entrevista con la agencia Efe, habló sobre los objetivos que tendrá la subsecretaría y las deudas que se tiene con la sociedad.
«En Chile queda mucho por hacer con el problema de la tortura, tanto en el pasado como en el presente” declaró al medio.
La subsecretaria declara que en la actualidad se sigue torturando: «En Chile hoy se tortura, pero no de forma sistemática e institucionalizada, como durante la dictadura”.
Fries lleva dos semanas ejerciendo oficialmente el cargo, tras permanecer seis años en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde se distinguió por su labor en la prevención y denuncia de los casos de tortura.
«Yo no conozco ningún país del mundo donde no haya tortura por parte de funcionarios que tienen bajo sus custodia a civiles», señala.
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Por ese motivo, el Gobierno decidió crear un organismo autónomo para prevenir su práctica, explica la subsecretaria.
Verdad y Justicia
En relación a lo ocurrido en la dictadura, que dejó 40.000 víctimas, entre las que se encuentra más de 3.000 muertos y desaparecidos, propone que se levante los secretos que han perdurado 50 años que pesa sobre los testimonios, documentos y antecedentes de las comisiones de investigación, “para que los tribunales de justicia puedan conocer los casos”.
Frias comentó al medio que se encargará de elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos, que durará cuatro años y se tratará temas como “la aplicación de verdad y justicia en relación con las violaciones cometidas durante la dictadura y una política activa de memoria”.
Deuda histórica con el pueblo mapuche
«Como Gobierno hemos reconocido que hay una deuda histórica con respecto al pueblo mapuche», afirma la subsecretaria, quien a renglón seguido admite que «también está el problema de quienes -con el apoyo del Estado- se fueron instalando en La Araucanía y ahora sienten que están en un espacio inseguro».
«Como Estado, tenemos que hacernos cargo de las dos cosas», sostiene.
Empezaremos por casa
De la aplicación de la «justicia en la medida de lo posible», como dijo Patricio Aylwin, el primer presidente tras el régimen militar (1973-1990), Chile pasó a convertirse en un hito en la aplicación del Derecho Penal Internacional, tras la detención en 1998 y posterior procesamiento del general Augusto Pinochet.
«La Justicia ha consolidado la jurisprudencia sobre lo que pasó en Chile, que fueron crímenes de lesa humanidad. Hoy día estamos cumpliendo con los estándares internacionales, pero necesitamos más verdad, saber qué sucedió con los detenidos desaparecidos», dice.
La creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos permitirá «abrir esa arista», asegura Fries, partidaria de derogar una ley de amnistía que se autoconcedió la dictadura y que hoy ningún tribunal aplica.
El Gobierno de Chile pondrá en marcha un plan de formación en materia de derechos humanos para todos los funcionarios del Estado, incluidos policías y militares.
«Empezaremos por casa», dice la subsecretaria, y por eso los primeros esfuerzos se centrarán en los funcionarios públicos que cuidan de los niños desamparados (210 murieron en hogares de menores en los últimos 11 años) y los que vigilan a los reclusos, que son los que han sido denunciados por torturas.
Distinción de criminales
Otro de los cometidos de la Subsecretaría de Derechos Humanos será el seguimiento y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Chile.
«Los Estados firman, firman y firman tratados y luego no se dan cuenta de la cantidad de obligaciones que asumen (…). Nosotros vamos a recordarle que esas obligaciones existen y hay que cumplirlas», asegura.
Y sobre la situación de los agentes de la dictadura encarcelados por graves violaciones a los derechos humanos y su acceso a beneficios penitenciarios, Fries explica que «hoy día, a efectos de cumplimiento de las penas, la legislación chilena no distingue entre delincuentes comunes y criminales de lesa humanidad».
«Eso significa que estos últimos tienen acceso a beneficios penitenciarios», pero el Estatuto de Roma, del cual Chile es parte, establece que para su otorgamiento excepcional tienen que darse requisitos más exigentes que para el resto, puntualiza.
