Acceder al mercado laboral cuando se tiene una discapacidades complejo y, según la percepciçon de los chilenos es el área donde se presentan menos oportunidades.
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Así lo reveló la encuesta Confianza e Imagen Empresarial: “Discapacidad en Chile y la Empresa” de Cadem y Sofofa, ante la consulta “¿Cree usted que las personas con discapacidad tienen muchas, algunas o pocas oportunidades para…?” y entre las diferentes opciones el trabajo es la que sale en último lugar con un 72% que afirma que los discapacitados tienen pocas opciones, versus el 4% que piensa lo contrario.
De hecho, el 16% estima que una de las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad hoy en Chile es la falta de facilidades para acceder a trabajos.
Esto queda aún más en evidencia si se observa el Estudio Nacional de la Discapacidad 2015 del INE y el Ministerio de Desarrollo Social, que muestra que si la participación laboral de las personas sin algún grado limitante alcanza el 69%, los que la tienen en un grado leve a moderado alcanza el 56%.
Esta brecha se hace patente también en los salarios, ya que mientras los trabajadores sanos perciben un ingreso promedio mensual de $434.586, los que están en situación de discapacidad reciben $286.701, es decir, un 65,9% menos.
Parte de esto es lo que pretende corregir la ley de inclusión laboral que se discute actualmente en el Congreso y que según contó en entrevista con Publimetro la ministra del Trabajo Alejandra Krauss, es una de las prioridades del Gobierno para su último año.
Cómo corregir estas brechas
Chile ha iniciado los primeros pasos de inclusión laboral en el mundo de las empresas, pero queda mucho por delante para hablar de un país inclusivo”, sostiene Suyin Palma, jefa de Selección de la empresa de recursos humanos, Adecco.
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Para la especialista, entre las barreras que estas personas deben enfrentar se encuentran “el desconocimiento y la falta de experiencias previas que tienen las empresas en la contratación de personas con capacidades diferentes”, lo que a su juicio “genera prejuicios y estereotipos en la alta dirección y en el mismo grupo interno de trabajadores de la empresa”.
Consultada sobre la efectividad de la legislación que pretende obligar a las empresas con más de 200 trabajadores a contar, al menos, con un 1% del personal con algún grado de discapacidad, Palma es enfática al señalar que “un sistema de cuotas en insuficiente por sí solo; una ley puede regular el número de contrataciones pero no asegura, en absoluto, un cambio cultural en el ADN de las empresas”.
De todas formas, reconoce que esta iniciativa “puede ser el inicio hacia una sociedad que ofrezca las mismas oportunidades a todos los ciudadanos”.
