Este día se realizó la primera audiencia de formalización ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se aplazó la formalización de los supuestos responsables de la muerte de Lisette Villa, la niña de doce años que falleció en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename).
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La audiencia se fijó para el próximo 1 de marzo a las 09:00 horas.
Se tomó en cuenta el requerimiento de aplazamiento de la defensa, ya que alegaron falta de información, por no tener acceso a la carpeta investigativa del caso.
Los imputados son ocho personas, entre los que se encuentran las educadoras Conne Fritz y Thiare Oyarce; la directora del Centro, Mónica Monje; la auxiliar de párvulos, Jéssica Figueroa; y Leonardo Lefián, coordinador de turnos del recinto, quienes trabajaban al interior del centro Cread Galvanizo, lugar donde la niña residía al momento de su muerte en abril del año pasado.
Yo quiero que se haga justicia
Saliendo de tribunales, la madre de Lissette, Juana Poblete, explicó que espera justicia: «Yo quiero que se haga justicia. Si se sabe que a mi hija la mataron, ellos que quieren esconderlo, pero no pueden. A mi hija la vi, mi hija estaba machucada».
Dentro de las declaraciones, Poblete declara que faltan personas a quienes formalizar: «Faltan personas, ya que no estaban las personas que estaban encargadas de Lissette. Los tíos que estaban a cargo de ella, sobre todo la asistente. La psicóloga tampoco estaba acá, y yo creo que ella debe dar la cara, ya que estaba a cargo de mi hija».
Además, el abogado que representa a la familia de la menor, Sebastian Lafaurie, anunció que solicitará que se excluya al Sename como querellante, ya que «moralmente no corresponden que esten acá, si son ellos los que estan siendo juzgados».
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Estamos frente a un caso de derechos humanos
El fiscal Marcos Emilfork señaló que lleva adelante investigaciones relacionadas con fallecimientos de niños, niñas y adolescentes. “Son varias investigaciones que se están siguiendo en distintos puntos del país, todas están avanzando” según declara el fiscal.
“Al asumir esta investigación la información oficial que había de los casos de fallecidos (al interior del Sename) eran de 185 y luego de hacer muchos requerimientos al Servicio Nacional de Menores logramos obtener una información por parte de la autoridad pública responsable en orden a que eran más de mil 300 en los últimos diez años”, señaló.
Con respecto a su posición sobre el caso de Lissete, el fiscal enfatiza: «Estamos frente a un caso de derechos humanos»
