Serena, discreta y fiel, la ex fiscal general de EEUU Sally Yates abandonó hoy la seguridad de su segundo plano y se rebeló contra el presidente, Donald Trump, por su veto a refugiados e inmigrantes, una acción que ha conferido a la fiscal la doble condición de heroína y traidora.
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Nombrada en 2015 como «número dos» del Departamento de Justicia por el ex presidente Barack Obama, Yates envió el lunes por la noche una carta a los abogados del Gobierno para ordenarles que no defendieran en las cortes el decreto de Trump sobre los refugiados, cuya legalidad ha sido desafiada en varias cortes del país.
Su acción le valió la expulsión automática de su puesto y una dura acusación de traición por parte del Gobierno de Trump.
«Yates ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos», declaró la Casa Blanca en un comunicado.
Sin embargo, mientras el Gobierno de Trump reprimía públicamente a Yates, alguien entró en Internet y modificó su biografía en Wikipedia para incluir la frase «heroína estadounidense» entre sus grandes hazañas.
La enciclopedia digital eliminó la frase, pero el Comité Nacional Demócrata (DNC) respaldó en un comunicado a la «heroica patriota» Yates y cargó contra la «tirana» Presidencia Trump y sus intentos por «silenciar» a la fiscal.
Yates, de 56 años, ya sabía que su decisión se traduciría en el despido. Pasó el fin de semana reflexionando, consideró que el decreto de Trump se excedía con un grupo particular (los musulmanes) y decidió dar un paso al frente, según dijo al The Washington Post una fuente cercana al Departamento de Justicia que pidió el anonimato.
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De una forma dramática, el lunes por la noche, Yates puso fin a 27 años de servicio público que comenzaron en 1989 como «número dos» de la Fiscalía del distrito norte de Georgia y que la llevaron a dirigir la acusación contra Eric Rudolph, el autor del atentado que mató a una persona e hirió a 111 en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.
Persiguió con éxito varios casos de corrupción, Obama se fijó en ella y la nombró fiscal general del distrito norte del estado de Georgia, un puesto que nunca antes había ocupado una mujer.
El exfiscal general Eric Holder (2009-2015) incluyó a Yates en su círculo de asesores más cercanos y, en enero de 2015, Obama nominó a Yates como «número dos» del Departamento de Justicia, una posición para la que logró el apoyo casi unánime del Senado.
Irónicamente votó en su contra el senador por Alabama Jeff Sessions, elegido por Trump para ser su fiscal general y que actualmente enfrenta una dura batalla para lograr su confirmación en el Senado.
Durante sus dos años como «número dos», Yates se convirtió en la mejor aliada de Obama para cambiar el sistema penal de EE.UU., acabar con un encarcelamiento masivo que cuesta millones de dólares a las arcas del Estado y que castiga de manera desproporcionada a los varones de las minorías hispana y afroamericana.
Con el respaldo de la fiscal general Loretta Lynch (2015-2017), Yates se encargó de supervisar una iniciativa de la Casa Blanca que sirvió para conmutar las penas de miles de presos condenados por delitos no violentos y relacionados con drogas.
Yates se dedicó también a dirigir el día a día de los 113.000 empleados del Departamento de Justicia, que ahora pasaron a manos de Dana Boente, nombrada por Trump como fiscal general en funciones a la espera de que el Senado confirme a Sessions.
Cuando el Departamento de Justicia abra mañana sus puertas, por orden de Boente, los abogados del Gobierno tendrán que volver a defender en las cortes el decreto de Trump, que suspende el ingreso al país de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana.
Nacida en Atlanta (Georgia), casada y con dos hijos, Yates no ha hecho ningún comentario sobre cuál será su futuro, aunque su pasado ya está marcado por la agridulce doble condición de heroína y traidora.
