Con 60 diputados a favor y 52 en contra, la Cámara (Kneset) aprobó un proyecto que servirá para legalizar de manera retroactiva miles de viviendas en asentamientos construidos en tierras privadas palestinas en el área C de Cisjordania (bajo completo control israelí), ocupada desde 1967.
PUBLICIDAD
Israel podrá declarar como tierra estatal las propiedades y negar a los dueños el derecho de uso hasta que se alcance un acuerdo.
A cambio, los propietarios palestinos serán recompensados económicamente.
Israel «acaba de aprobar una ley para legalizar el robo de tierra palestina. El saqueo es ilegal», reaccionó en un comunicado el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, que aseguró que con este paso el Gobierno permite que los colonos y «fuerzas de la ocupación continúen sus ataques contra los palestinos y su tierra».
La ley supone un cambio importante a nivel interno, si bien en la esfera internacional todas las colonias son consideradas ilegales, como destacó una resolución aprobada en diciembre por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Las viviendas afectadas están situadas sobre terrenos de particulares palestinos en más de medio centenar de colonias construidas o ampliadas sin un proceso de planificación ordenado.
La aprobación esta noche en segunda y tercera lectura de la ley ha sido alabada como paso «histórico para el movimiento colono» por la derecha más extrema, mientras que parte de la oposición teme que sea el comienzo de un camino «que terminará en el Tribunal de La Haya», como dijo el líder de la plataforma Campo Sionista, Isaac Herzog.
PUBLICIDAD
El proyecto, impulsado Naftali Benet, líder del partido procolonizador y principal socio de la coalición de Gobierno Hogar Judío, tiene como objetivo «regular y permitir el continuo establecimiento y desarrollo» de los asentamientos en judíos en Cisjordania.
Benet alabó el triunfo de un proyecto personal que muchos han visto como una imposición sobre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y aseguró tras la votación que «esto es democracia. El gabinete lleva a cabo exactamente el propósito para el que fue elegido: gobernar», informó el diario «Haaretz».
El primer ministro Netanyahu no llegó a tiempo para votar desde Londres, donde estuvo hoy en visita oficial.
En la rueda de prensa que ofreció antes de volver del Reino Unido aseguró que había informado al Gobierno de EE.UU. sobre el proyecto porque «uno no sorprende a sus amigos».
El jefe de Gobierno prefería esperar a votar la iniciativa después de la reunión que tiene prevista el próximo día 15 en Washington con el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, pero finalmente tuvo que ceder a las presiones de Benet para que no se volviera a suspender, como sucedió en varias ocasiones en los últimos meses, informan medios locales.
Las reacciones de críticas por la nueva ley han sido inmediatas.
La organización israelí de defensa de los derechos humanos Yesh Din la calificó de «ilegal», «inmoral» y que «premia el robo».
«Tanto el primer ministro como el ministro de Defensa la calificaron de error y el fiscal general la considera inconstitucional. Y aun así el Gobierno cede el paso a los colonos», denunció en un comunicado.
«Hoy ha quedado claro que Netanyahu está dispuesto a comprometer el futuro tanto de israelíes como de palestinos para satisfacer a un pequeño grupo de colonos extremistas por el bien de su propia supervivencia política», criticó por su parte la organización pacifista israelí Shalom Ajshav (Paz Ahora), que denuncia la colonización.
El grupo coincidió en que este gesto «hace del robo una política israelí» y supone «un paso más hacia la anexión (de Cisjordania) al tiempo que se aleja de la solución de los dos Estados. Ante esta locura, debemos actuar como adultos responsables y acudir al Tribunal Supremo para derogar esta peligrosa ley».
La organización internacional Human Rights Watch advirtió al liderazgo israelí de que «la administración Trump no les puede proteger de la vigilancia de la Corte Penal Internacional, donde el fiscal sigue examinando la actividad en los asentamientos».
Horas antes de la votación parlamentaria, el enviado especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Nickolay Mladenov, pidió a Israel que reconsiderara un proyecto «visto como inconstitucional por el fiscal general del Estado y contrario a la legislación internacional» que, de aprobarse, tendría «consecuencias jurídicas de gran alcance para Israel«.
