La Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI estuvo a cargo de la incautación que busca antecedentes relacionados con la contratación de los servicios de las empresas Faasa, Inaer y Martínez Vidau, investigadas en Europa por los presuntos delitos de colusión, cohecho, tráfico de influencias y sobornos, arista que podría ampliarse a nuestro país de detectarse un ilícito.
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Este jueves, el fiscal nacional, Jorge Abbott designó para el caso a la abogada persecutora, Ximena Chong, quien instruyó esta tarde el procedimiento a la Policía de Investigaciones.
Según se informó, tanto la Onemi como Conaf, entregaron voluntariamente la información. Incluso Conaf habilitó una sala para el trabajo de revisión de documentos para los funcionarios policiales y del Ministerio Público.
La fiscal había anunciado el comienzo de la investigación para este viernes e informó que se indagan los posibles delitos de negociación incompatible, cohecho y cohecho de funcionario público extranjero.
En Chile las mencionadas empresas, mantienen contratos por 2 mil millones de pesos con Conaf por el uso de helicópteros para el combate en contra de los incendios forestales.
Respecto a la incautación de documentos desde la Corporación Nacional Forestal, el director de la entidad, Aarón Cavieres afirmó: “vamos a colaborar en todo lo que se nos solicite, ya que somos los más interesados en que la situación que enfrentamos hoy, se pueda aclarar a la brevedad. Es algo que mantenemos y es lo que corresponde a cualquier organismo público, por lo que seguiremos proporcionando toda la información que se nos solicite”.
Finalmente, el director nacional de Conaf señaló que resulta fundamental destacar que las actividades de la institución se encuentran amparadas por los principios de transparencia y probidad, los que cuentan con la publicidad requerida para los actos administrativos.
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«No se trató de un allanamiento»
A través de un comunicado emitido desde la Oficina Nacional de Emergencia, se afirmó que el procedimiento ordenado por la abogada, Ximena Chong, no se trató de un allanamiento, debido a que no se presentó ninguna orden por parte de juez y que los antecedentes solicitados fueron entregados de forma voluntaria.
«No se trató de un allanamiento, pues para ello se necesita la orden de un juez, la que no existe», se desprende del comunicado.
