El fiscal argentino Juan Pedro Zoni solicitó abrir una investigación al presidente argentino, Mauricio Macri, por presunto perjuicio al Estado en arreglo de una deuda de la empresa de su familia, en un polémico caso por sospechas de falta de ética pública.
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La imputación a Macri fue presentada ante el juez Ariel Lijo, quien debe decidir si abre o no una investigación contra el Presidente.
La medida de Zoni se basa en el dictamen de una fiscal de la Cámara en lo Comercial (apelaciones), Gabriela Boquín, quien catalogó al acuerdo con el poderoso Grupo Macri es «ruinoso, abusivo e inadmisible (…) equiparable a una condonación del 98% de la deuda».
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La imputación responde a dos denuncias penales que llegaron a los tribunales: una presentada por dos políticos de la oposición kirchnerista, Martín Sabbatella y Gabriela Cerrutti, y la otra, por un abogado particular.
El fiscal habría pedido el inicio de la investigación para «corroborar la existencia de conductas delictivas» en el acuerdo por la deuda del Correo Argentino, institución que Los Macri tuvieron en concesión desde 1997 hasta 2003 cuando fue reestatizado.
El acuerdo de los Macri
El escándalo estalló la semana pasada cuando la fiscal Boquín reveló un acuerdo firmado en junio de 2016. La deuda era de casi 300 millones de pesos (la misma cantidad en dólares).
El cuestionado decreto emitido a finales de 2016, especifica que podrán sincerar activos sólo aquellos familiares que puedan probar que esos bienes fueron incorporados en su patrimonio con anterioridad a la asunción en el cargo de su familiar, lo cual favorecía al padre del presidente Mauricio Macri.
Bajo el alero del decreto, el acuerdo establece un pago a 15 años, con una tasa de interés del 7% anual, que representa un descuento de 98,87% de la deuda del grupo Macri con el Estado por la quiebra del Correo.
Según un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (Dafi) de la Procuración General de la Nación, la deuda original era por 296 millones de dólares, en momentos que Argentina tenía una paridad (1-1) entre el peso y el dólar estadounidense, antes de la gran devaluación de 2002.
La Dafi también precisó que con el acuerdo se hubiesen condonado hasta 70.000 millones de pesos (4.375 millones de dólares), según la actualización a 2033, indicó en primicia el sitio Nuestras Voces.