El derecho a una vivienda digna no puede quedarse reducido a un activo financiero para los ricos, actualmente ha perdido su función social y cualquier conexión con la comunidad, advirtió una experta independiente de la ONU.
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La relatora Leilani Farah, recogió en un informe las repercusiones de un mercado inmobiliario «hiperfinanciado» que genera especulación y socava los derechos humanos, además de aumentar el coste de las casas de tal manera que están fuera del alcance de «la mayoría de hogares».
Farah dijo al Consejo de Derechos Humanos que «la vivienda ha perdido su función social y es vista en su lugar como un vehículo para la riqueza y para aumentar los activos».
La vivienda, añadió, «se ha convertido en un activo financiero vacío de cualquier conexión con la comunidad, la dignidad y la idea de un hogar» adecuado, denunció.
Al denunciar el dominio de los mercados financieros en esta cuestión, la experta sostuvo que la vivienda, que representa casi la mitad de todos los activos globales y más de dos veces el PIB global, «se ha convertido en un depósito para el capital mundial».
El informe de la relatora vincula la actual crisis de viviendas adecuadas y asequibles a la «extendida desregulación» de los mercados y de los flujos de capitales, y subraya los efectos de nuevos instrumentos financieros, que permiten que la vivienda sea negociada como un activo en los mercados financieros.
«El mundo financiero ha operado esencialmente sin ninguna consideración al hecho de que la vivienda digna es un derecho humano y los estados son cómplices» de este comportamiento, dijo.
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Los países «han apoyado a los mercados financieros de tal manera que la vivienda es inaccesible para la mayoría de los residentes», recalcó Farah.
Lamentó que la «rendición de cuentas de los gobiernos con respecto a sus obligaciones en materia de derechos humanos haya sido sustituida por la rendición de cuentas ante mercados e inversores».
El informe recomienda, por todo ello, unos marcos nacionales e internacionales basados en derechos más fuertes en esta materia para las personas, a fin de hacer frente a este problema.
Sugiere además que los países regulen con respecto «a actores privados» no solamente para prevenir «violaciones descaradas» de derechos humanos, sino también para garantizar que sus actuaciones estén en línea con sus obligaciones de considerar la vivienda como un derecho humano de todos».
«Las consecuencias de anteponer los intereses de los inversores a los derechos humanos son severos: millones de personas en todo el mundo están siendo desahuciadas o desplazadas por el desarrollo, y alejadas de las ciudades por los elevados precios», advirtió.
Recordó que en virtud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los países deben asegurar una vivienda adecuada para todos en 2030.
