El ex candidato presidencial, Laurence Golborne, presentó un recurso judicial ante el Tribunal Constitucional (TC) para paralizar la causa donde figura como imputado por presunto financiamiento irregular en la política, denominado caso Penta.
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El escrito, que fue presentado el 27 de febrero, se da a conocer a un día de que finalice la etapa investigativa, luego de dos años de pesquisas por parte del Ministerio Público.
En la acción, el ex ministro de Minería acusa que la causa, que lleva el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, es “inconstitucional”, en particular en el artículo 19 N°3, incisos séptimo y octavo.
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“Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”, señala el texto.
«Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”, se agrega.
Según el Ministerio Público, entre los años 2012 y 2014 Golborne emitió a empresas del grupo Penta facturas falsas por $160 millones de pesos, y a otras 10 compañías por $218 millones de pesos. Y, en total, serían 11 las empresas que aportaron de manera irregular un total de $378 millones de pesos.
La Fiscalía también sostiene que el imputado emitió 26 documentos falsos desde las sociedades Vox Comunicaciones, VSA y Siglo Outsorsing, con tal de costear sus candidaturas presidencial y senatorial.