Mediante un correo electrónico, La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente informó a los intervinientes y al 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el cierre de investigación del caso Penta. Tras decretar el fin de las indagatorias, los abogados del Ministerio Público presentarán la acusación contra todos los imputados a los que llevaría a un juicio oral.
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Luego del fin de la investigación, el Ministerio Público tiene un plazo máximo de 10 días para generar la acusación que indaga el financiamiento irregular de la política mediante el uso de boletas y facturas ideológicamente falsas.
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Durante las indagatorias, las cuales han durado 2 años, la fiscalía reunió más de 80 tomos con antecedentes y formalizó a 34 personas.
Entre los imputados, se encuentran los controladores del holding, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, además del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.
La fiscalía reunió durante la investigación más de 80 tomos con antecedentes del caso y formalizó a 34 personas
En el marco del caso Penta ya hay dos sentenciados. Uno de ellos es el ex senador de la UDI Jovino Novoa, quien se sometió a juicio abreviado y fue condenado a 3 años de pena remitida, y el otro es el ex fiscalizador del SII, Iván Álvarez, quien fue sentenciado a cinco años de pena vigilada.
El viernes pasado se conoció que el fiscal a cargo de las indagatorias, Carlos Gajardo, concretó una separación de causas en la que todas las personas que han tenido calidad de imputados pero no habían sido imputados hasta esa fecha seguirán bajo investigación, pero en una causa con rol único distinto, según indicó el diario La Tercera.
Uno de los actores claves de la indagatoria, el ex ejecutivo de Penta Hugo Bravo, falleció el domingo pasado. Su testimonio durante la extensa investigación fue crucial para revelar la arista política del caso.
Durante el período se lograron restituir al fisco más 8 mil millones de pesos que habían sido evadidos en impuestos por los responsables.
El 27 de febrero, el ex ministro Laurence Golborne presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de paralizar la causa, en el que alega la supuesta existencia de vicio de inconstitucionalidad en la aplicación de la ley de donaciones.