Con «prioridad» iniciará la Contraloría General de la República (CGR) una investigación especial para indagar el millonario fraude descubierto en Carabineros y que podría significar un desfalco a los fondos fiscales de hasta $13.000 millones.
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Mediante un comunicado, la CGR informó el inicio de una auditoría a la situación patrimonial de la institución, específicamente, dirigida a las áreas de finanzas, remuneraciones y compras, así como todas aquellas entidades que tengan alto flujo financiero. El objetivo de la misma, instruida por el Contralor General, Jorge Bermúdez, es determinar el alcance del delito y el monto exacto defraudado.
Desde Contraloría revelaron que durante los últimos 5 años se han realizado 39 auditorias a Carabineros, detectándose irregularidades en materias de:
La indagatoria, dada a conocer este lunes por el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, contiene una investigación judicial y otra administrativa. Con respecto a la primera, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, aseveró que en el Ministerio Público se encuentran «abocados a cada una de las aristas de diligencias que se han realizado y me tocan todavía por realizar».
En tanto, desde la indagación administrativa provienen los nueve uniformados que fueron dados de baja por la institución. La totalidad de ellos son oficiales e incluyen al director de finanzas, general Flavio Echeverría.
“En una primera instancia son nueve oficiales. En los próximos días esto va a aumentar. Podría haber involucrado personal de nombramiento institucional, pero las medidas se van a ir aplicando conforme avance la investigación administrativa”, especificó este lunes Villalobos.
“En una primera instancia son nueve oficiales. En los próximos días esto va a aumentar».
Desde Contraloría revelaron que durante los últimos 5 años se han realizado 39 auditorias a Carabineros, detectándose irregularidades en materias de remuneración, pagos al personal, adquisiciones de radiopatrullas, mantención y repuestos de vehículos, reposición de retenes o cuarteles, compras de equipos computacionales, pago de remuneraciones a profesores en academias policiales y préstamos habitacionales.
