El presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo este miércoles que la hoja de coca le «ganó» la batalla a Estados Unidos que buscaba su erradicación total, al promulgar una ley que sube de 12.000 a 22.000 hectáreas la superficie legal de cultivos de la planta en el país andino.
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En el acto de promulgación de la norma, Morales manifestó que con la medida está garantizada «de por vida» la producción de hojas de coca en los departamentos de La Paz y Cochabamba porque esa fue la «lucha» de los cocaleros contra los diversos planes que se intentaron imponer para eliminar definitivamente las plantaciones.
«En otras palabras, la hoja de coca se ha impuesto frente al imperio norteamericano, la coca ganó a Estados Unidos esta dura batalla porque Estados Unidos quiere cero de coca», afirmó Morales.
El mandatario boliviano aprobó la nueva Ley de la Coca en el Palacio de Gobierno de La Paz ante ministros, jefes militares y policiales, sindicalistas afines al Gobierno, parlamentarios oficialistas y productores de hojas de coca, sobre todo de la zona central del Chapare, su feudo sindical y político.
En el evento, el mismo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, y varios ministros y jefes policiales lucieron collares hechos con hojas de coca.
La producción de coca en Bolivia
En Bolivia, la planta tiene usos culturales, rituales y medicinales reconocidos en la Constitución vigente desde 2009 pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.
La producción del arbusto en el país fue regulada hasta hoy por la llamada Ley 1008, vigente desde 1988, que también fijaba los parámetros para la lucha contra el narcotráfico.
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La antigua norma establecía un límite máximo de 12.000 hectáreas de cultivos legales que solo podían cultivarse en la zona subtropical de los Yungas, en La Paz.
Además, un convenio firmado por el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) con los cocaleros permitía que en el Chapare se cultive un máximo de 3.200 hectáreas, aunque los campesinos de esa región siempre cultivaron más del doble.
La nueva norma sube la superficie legal de las plantaciones hasta las 22.000 hectáreas, de las que 14.300 hectáreas estarán en los Yungas y 7.700 en el Chapare, pero además exime a los productores de la planta del pago de impuestos por esta actividad.
La oposición a la promulgación
Los principales líderes opositores critican el incremento de la superficie con el argumento de que generará más narcotráfico, mientras que los principales sindicatos de cocaleros de Los Yungas rechazan la norma porque consideran que favorece más al Chapare.
Mientras que el Gobierno ha justificado que la producción cubrirá el consumo interno tradicional y permitirá fomentar la industrialización de derivados legales de la coca y su exportación.
En la ocasión, Morales reiteró su rechazo al informe del Departamento de Estado de EE.UU. que señala a Bolivia, Birmania y Venezuela como los países donde existe un mayor «fracaso demostrable» a la hora de implementar sus obligaciones internacionales en la lucha antidrogas.
«Lo único demostrable es que los gobiernos de EE.UU. no pueden someter a Venezuela y Bolivia (…). Somos países que no somos sumisos a gobiernos de EEUU», manifestó el mandatario.
