La legalización de la marihuana para uso medicinal en Colombia esperanza a numerosas familias de agricultores que entraron al negocio por necesidad y no ven en el mercado otro producto que les convenga tanto como este.
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“La propuesta de cambiar a cualquier otro cultivo le preocupa a los productores de este poblado. ¿Quién compraría tomates si ya abundan en el mercado?”, destaca el New York Times.
La desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que prácticamente controlaban el negocio en el Cauca, rompe la cadena de suministro y deja a una gran cantidad de familias en el limbo. Para ellas, la llegada de la empresa canadiense PharmaCielo —con licencia del Gobierno colombiano— parece ser la respuesta.
Edward García, el alcalde de Corinto, calcula que más de 20.000 habitantes de su pueblo “dependen del cannabis para subsistir”, y reconoce que muchos, especialmente de las comunidades indígenas, no ven con buenos ojos la llegada de las multinacionales, pero de algo tienen que vivir.
Una apuesta arriesgada
“No es común que un país asuma la gestión de una droga ilegal que estaba bajo el control de una organización criminal para intentar remplazarla con la producción legal del mismo cultivo. Y mucho menos que lo venda una corporación”, apunta el diario neoyorquino.
Una de las mayores razones para hacerlo sería el “fracaso total” de los programas de sustitución de cultivos, reconocido por Alejandro Gaviria, en cabeza del ministerio de Salud y Protección Social, entidad encargada de emitir las licencias a las empresas que quieran entrar al negocio de la marihuana legal.
Otro argumento planteado por el diario es que, si los grupos guerrilleros lograron financiar el conflicto armado gracias a la producción de narcóticos, “¿qué pasaría si esas ganancias van directamente a manos del gobierno y los agricultores?”.
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Esta política mete a Colombia en la ola de países que le abren la puerta a la marihuana legal, sin dejar de combatir la producción ajena al control estatal, una flexibilidad que podría alejar a los Estados Unidos y sus dólares (más de 10.000 en los últimos 20 años), destinados específicamente a la lucha contra el narcotráfico.
