Después de más de ocho horas de alegatos y pasadas las 03:35 horas de la madrugada, la jueza Irene Rodriguez determinó la libertad inmediata de los 17 funcionarios de Carabineros, investigados por el millonario fraude al interior de la institución, por considerar que su detención due ilegal.
«En relación al argumento que el tribunal no es competente en los casos que los imputados fueron detenidos en otra región del país. Esta juez llega a la conclusión que efectivamente se ha infringido dicha norma, en los casos en que las detenciones se ejecutaron en otras regiones del país, atendiendo a que el juez que decretó las ordenes tiene sus competencias en la ciudad», sentenció la magistrado.
La juez argumentó además que «no se les informó de manera precisa y clara acerca de los hechos por los que existía una orden de privación de libertad y que en ella existiera una transcripción incompleta de la norma invocada por el juez» para detención de imputados.
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Delitos graves
En el extenso control de detención de los oficiales de Carabineros acusados del millonario fraude en la institución, se conocieron los delitos que le imputa la Fiscalía Regional de Magallanes: malversación de caudales públicos, asociación ilícita, fraude al fisco y lavado de activos.
El control de detención se realizó en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, lugar hasta donde fueron trasladados los 17 efectivos de Carabineros, que fueron detenidos durante las últimas horas, tras las órdenes del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos.
La audiencia estuvo a cargo de la jueza Irene Rodríguez, quien escuchó los argumentos de los fiscales Campos y Miguel Ángel Orellana, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien se sumó a la investigación por instrucciones del fiscal nacional Jorge Abbott.
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La audiencia comenzó con dos horas de retraso (estaba fijada para las 16:30 de este domingo) y también se vio interrumpida por dos recesos: uno para que los detenidos pudieran comer algo y otra para reunirse con sus abogados defensores.
Hasta el momento no está claro si serán trasladados a Punta Arenas para su formalización. Se supone que el origen de los ilícitos se radica en la capital de Magallanes, pero esto no ha sido confirmado por el fiscal Campos, quien llevó la investigación en completa reserva.
Sin embargo, el general director Bruno Villalobos destapó el caso el lunes 6 de marzo pasado y el viernes, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, admitió que el fraude alcanza a los $10.000 millones.
