Después de 10 horas de audiencia de control de detención, quedaron en libertad los 17 oficiales de la policía uniformada (16 ahora en retiro, uno activo) detenidos por el megafraude a Carabineros por $8.000 millones hasta ahora.
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Esto, porque la jueza Irene Rodríguez, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, a cargo de la audiencia de control de detención declaró que el procedimiento -desde que se aprehendieron a los sujetos hasta que se les llevó al tribunal- fue ilegal “por infracción a lo dispuesto en los artículos 93-A y 94-A, todos del código procesal penal”.
Según consigna la ley, desde el momento en que una persona es detenida hasta que es presentada a la justicia, no pueden pasar más de 24 horas, algo que no se dio en este caso.
La titular de la Sala precisó -alrededor de las 03:30 horas “que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 95 del Código Procesal Penal, en su inciso final, señala que si la privación de libertad hubiere sido ordenada por resolución judicial, su legalidad solo puede impugnarse por los medios procesales que correspondan ate el tribunal que la hubiere dictado. A esta juez de control de detención no le corresponde de manera alguna pronunciarse sobre la legalidad de los fundamentos de la resolución judicial que ordenó la detención”.
El fracaso consiguiente de la Fiscalía de Magallanes (donde está radicado el caso y desde donde el fiscal regional Eugenio Campos) para muchos se hizo evidente desde que comenzó la audiencia de control de detención, ayer alrededor de las 18:00 horas, porque incumplir lo dispuesto en el Artículo 70 del Código Procesal Penal, que señala que el control de legalidad de la detención se puede materializar en el tribunal que emana la orden o en el Juzgado de Garantía donde se desarrolló la detención (en Villarrica, en Los Ángeles, Chillán, San Carlos, Santa Cruz, Viña del Mar y Santiago) donde fueron aprehendidos los ahora exfuncionarios de Carabineros.
Lo anterior, a pesar que el fiscal Campos declaró que la detención se fundó en las medidas especiales que decreta el Artículo 39 la Ley 20.000 de Drogas.
Por esa razón, el tribunal decretó la libertad inmediata de los 17 detenidos y la ilegalidad de la detención por el actuar de la Fiscalía de Magallanes.
