La Iglesia católica de Bolivia rechazó hoy el proyecto de ley que debate el Parlamento y que establece varias causas que justifican un aborto, entre ellas la pobreza extrema, pero por una sola vez y hasta las ocho semanas de gestación.
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La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) manifestó en un comunicado que la propuesta «distorsiona el sistema penal introduciendo la pobreza como razón de impunidad para delitos como el infanticidio y la eutanasia, como si ser pobre fuese justificativo suficiente para violar cualquier ley».
«Este proyecto introduce una colonización ideológica extranjera que descarta a niños y niñas por nacer vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos», indica la nota leída por el secretario general de la CEB, Aurelio Pesoa.
La reforma para tratar el aborto es parte del proyecto de nuevo Código del Sistema Penal del país, que estudia la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.
El artículo 157 del proyecto del código establece que la práctica del aborto no constituirá una infracción penal cuando sea solicitado por la mujer y se cumpla con varias condiciones de contexto.
El proyecto señala que el aborto puede practicarse «durante las primeras ocho semanas de gravidez, por única vez», si la mujer se encuentra en situación de calle o pobreza extrema y no tenga recursos suficientes para la manutención propia o de su familia.
También plantea que puede aceptarse el aborto si la mujer es madre de tres o más hijos y no cuenta con recursos suficientes para su manutención o es estudiante.
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Además, propone que la interrupción pueda hacerse en cualquier etapa de la gestión cuando sea necesario prevenir un riesgo presente o futuro para la vida o para la salud integral de la embarazada, y cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida.
Actualmente, el aborto requiere permiso judicial para todos los casos, salvo cuando el embarazo resulta de una violación, incesto o estupro y cuando esté en riesgo la vida y salud de la madre.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Bolivia, que es uno de los países en la región con mayor violencia sexual, calculan que a diario se realizan 185 abortos ilegales.
La Iglesia católica consideró que la interrupción del embarazo «violenta el cuerpo de la mujer, dejando graves secuelas en la psicología femenina, como el síndrome postaborto» con consecuencias «muchas veces irreparables».
«El Estado está obligado a crear políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas y políticas educativas de apoyo a la mujer embarazada y de prevención de la violencia para que la vida en nuestra sociedad sea posible para todos», señaló la CEB.
Los obispos bolivianos llamaron a los legisladores y la sociedad «a defender el derecho a la vida, que se ve seriamente amenazado con esta propuesta de reforma».
