Tras casi 10 horas de audiencia, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la petición del Ministerio Público, y decretó prisión preventiva en contra de 8 de los 9 -hasta hoy- formalizados por el millonario desfalco a Carabineros.
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Los funcionarios fueron acusados por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, de lavado de activos, asociación ilícita y malversación de fondos públicos por al menos $10 mil millones, en un hecho que el persecutor calificó como «la malversación más grande que hemos conocido en una institución pública».
Luego de largas horas de exposición y minutos previos a las 21 horas de este domingo, el juez, Mario Cayul, acogió los antecedentes de Fiscalía referidos a malversación y consideró éstos suficientes para dictaminar el encierro de los ex uniformados: general Flavio Echeverría, coronel Jaime Paz Meneses; los tenientes coroneles Robinson Carvajal Leyton y Héctor Nail Bravo; el mayor Nelson Valenzuela Aravena; los capitanes Felipe Ávila Paz y Francisco Estrada Castro; y el civil Gonzalo Carrasco Quintana.
«Los antecedentes expuestos dan cuenta de la existencia del delito de malversación de caudales públicos respecto de todos los imputados. Los antecedentes expuestos dan cuenta contundente de este ilícito. Dado el monto, sumas inmensas que incluso es difícil de pronunciar, la penalidad que tiene asignada es de crimen», argumentó el magistrado.
Para el teniente coronel (r) Ramiro Martínez Chiang, el tribunal determinó arresto domiciliario nocturno de 22 a 6 horas, la cual cumplirá en la comuna de Providencia.
Los imputados que cumplirán prisión preventiva fueron trasladados inmediatamente hasta cuartel Sucre de la policía uniformada, mientras que el civil ingresó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
Pese a que el Ministerio Público solicitó un plazo de investigación de ocho meses, el tribunal finalmente concedió cuatro.
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En el caso del capitán Carlos Rojas Muñoz, este no se presentó al control de detención y el magistrado emitió una orden de captura en su contra.
Asociación ilícita
Según detallo la fiscalía, la asociación operó entre 2010 y 2017, y su funcionamiento se basaba en la adulteración de la base de datos interna; manipulación de saldos aparentando pagos de remuneraciones, viáticos y otros falsos motivos; depósito de dineros en cuentas de funcionarios activos, en retiro, familiares y terceros; y la disimulación de lo obtenido en las cuentas institucionales.
El otrora director de Finanzas, general (r) Flavio Echeverría, habría sido, según Campos, el encargado de organizar la presunta asociación ilícita. Él habría distribuido los roles y justificado el déficit en las cuentas institucionales junto al coronel (r) Jaime Paz.
«Era (Echeverría) uno de los líderes de la organización, en su calidad de oficial superior y luego como general, a cargo de la Dirección de Finanzas. Le correspondía definir y recibir los montos que podían retirar de las faltas, encargándose además de dar instrucciones precisas a los miembros de la organización para la consecución de sus fines ilícitos», explicó Campos.
Gonzalo Carrasco Quintana, único civil involucrado hasta el momento, habría cedido su cuenta corriente para diversos traspasos de dinero desde la institución, y habría recibido por ello al menos $400 millones.
Pese al número de imputados actuales, el fiscal aseguró que «este caso va a mutar con más y otros participes».
Defensas cuestionan actuar del Ministerio Público
Desde las defensas cuestionaron el rol del fiscal, a quien acusaron de no facilitar la colaboración de los imputados. «Podría (Echeverría) haber colaborado mucho más al señor fiscal e, incluso, le podría decir que podría tener bastante más antecedentes si nos hubiera recibido en la semana como se había comprometido», cuestionó el abogado Jaime Morales, defensor del oficial dado de baja.
«Tenemos una estrategia de defensa, mi representado niega haber participado en los cargos, en definitiva toda este gente se vincula por la institución, pero tenemos antecedentes que aportaremos en la audiencia para los efectos de una defensa técnica adecuada», señaló Jacqueline Stubing, abogada del teniente coronel Nelson Valenzuela.
