“(Bolivia) solicita a la brevedad posible y en el marco del acuerdo sobre asistencia jurídica mutua de asuntos penales entre el Mercosur, Bolivia y Chile, la nómina del personal chileno que formó parte de esta flagrante violación a la soberanía de Bolivia con el fin de iniciar los procesos judiciales correspondiente en territorio boliviano”, reseña parte de una nota diplomática entregada este lunes al cónsul Hinojosa. La vicecanciller Guadalupe Palomeque dio a conocer la protesta formal en una conferencia de prensa.
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Consultado sobre la reunión y el reclamo boliviano, el funcionario chileno, quien fue convocado de emergencia por el Gobierno boliviano, solo atinó a decir: «Pregúntenles a sus ministros».
La nota precisa que “gendarmes chilenos ingresaron a territorio boliviano sin la debida autorización y portando armas que según normativa boliviana se constituye en un delito”, causa sobre la cual se fundamenta la acusación de la Cancillería de La Paz.
Para el ministro de la Presidencia boliviano, René Martínez, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien acusó a los bolivianos de robo, tendrá una “gran incomodidad de justificación y de fundamentación” de sus denuncias por caer en contradicciones.
La autoridad además señaló, con base en versiones de medios chilenos, que la Fiscalía chilena “está en una tarea compleja de no poder definir cuál será su acusación”. En su criterio, no hay base para sindicar a los bolivianos.
Bajo esa premisa, Palacio Quemado exigió la «inmediata liberación» de los retenidos y que Chile asuma «responsabilidades por los daños y perjuicios provocados».
