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En plena polémica por la carne: Temer invita a embajadores a una parrillada

Las autoridades brasileñas garantizaron este domingo que “no existen riesgos sanitarios” con las carnes producidas en el país, sea para el consumo interno o la exportación, y minimizaron el descubrimiento de una mafia dedicada a adulterar esos productos.

El presidente brasileño Michel Temer afirmó el domingo que el escándalo de la carne está limitado a unos pocos establecimientos e invitó a los embajadores de los principales mercados del país a cenar en una «churrascaria» (parrillada) de Brasilia.

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«Quiero invitar a todos al salir de aquí (…) a una parrillada, para comer carne brasileña», declaró Temer al abrir la reunión con los diplomáticos. «Si aceptaran la invitación, nos harían muy felices», agregó.

000_MT58L.jpg (EVARISTO SA/AFP)

La Policía Federal (PF) destapó el viernes un esquema en el que inspectores sanitarios supuestamente recibían sobornos de los frigoríficos para autorizar la venta de alimentos no aptos para el consumo.

Más de 30 personas fueron detenidas hasta el momento, tres frigoríficos fueron clausurados temporalmente y 21 se hallan bajo investigación. Entre los sospechosos figuran empresas como JBS, BFR y Peccin, pesos pesados del país, primer exportador mundial de carne bovina y avícola.

000_MT58P-1.jpg (EVARISTO SA/AFP)

«La manera como se dio la noticia pudo haber creado una preocupación muy grande, tanto en países que importan nuestra carne como en consumidores brasileños», admitió Temer, que previamente se había reunido con ministros y responsables gubernamentales de las áreas concernidas y con representantes de los frigoríficos.

«Es importante destacar que, de 11.000 empleados, solo se investiga a 33 y que, de las 4.837 unidades sujetas a inspecciones, apenas hay 21 presuntamente implicadas en eventuales irregularidades. Y de esas 21, solo seis realizaron exportaciones en los últimos 60 días», expuso.

000_MT58M.jpg (EVARISTO SA/AFP)

 

Para tratar de despejar las amenazas sobre el sector, Temer anunció que el gobierno ordenó «acelerar las auditorías de los establecimientos citados en la investigación de la Policía Federal».

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