«Esto abre la posibilidad de tener denuncias ante la CIDH por flagrante violación de los derechos humanos”, declaró el ministro de la presidencia, René Martínez, de acuerdo con un reporte de radio Fides, citado por Página Siete Digital, de La Paz.
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Consultado sobre cuándo se haría esta acción, la autoridad atinó a decir que «hay que evaluar” y dejó sentado que la justicia chilena está inculpando a los nueve bolivianos «indebidamente”.
La determinación se da en medio del repudio de las autoridades y la población boliviana, dado que, según información del Ejecutivo, los nueve fueron detenidos en territorio boliviano cuando estaban en tareas de lucha contra el contrabando.
Por su parte, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, expresó que “la amenaza del canciller Heraldo Muñoz que lanzó hace algunas horas, antes de la decisión judicial se ha cumplido. Él amenazó con prisión y los jueces de un órgano Judicial supuestamente independiente han cumplido esa decisión. La sentencia de Muñoz se ha cumplido, nuestros compatriotas han sido enviados a detención preventiva”.
En declaraciones que reprodujo La Razón, también confirmó que «vamos a elevar la denuncia a organismos internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un pisoteo abierto a la Convención de los Derechos Humanos y a varios convenios internacionales».
Ningún “chantaje y amenaza va a amedrentar nuestra voluntad y decisión de llegar a una solución negociada”, afirmó en un breve encuentro con la prensa en el inicio de los actos oficiales para recordar la defensa de Calama, la primera resistencia de lo que posteriormente derivó en la Guerra del Pacífico.
Más temprano, Ferreira declaró que la prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte fue “una represalia, una venganza” por la demanda marítima de Bolivia en La Haya.
