El presidente filipino, Rodrigo Duterte, advirtió este jueves de que podría imponer la ley marcial y suspender las elecciones en decenas de miles de localidades, lo que alimenta el temor sobre el futuro de la democracia en el archipiélago.
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Duterte explicó que estaba considerando estas dos medidas en el marco de su controvertida campaña para erradicar la droga. La ley marcial permitiría asimismo, según Duterte, solucionar otras amenazas a la seguridad.
«Si decreto la ley marcial, pondré fin a todo los problemas, no solo la droga», dijo en una conferencia de prensa organizada antes del alba de regreso de Tailandia, país gobernado por una junta militar.
La ley marcial, continuó, permite crear tribunales militares para juzgar casos de terrorismo. «Permitiré al Ejército que os juzgue y os ejecute en la horca», dijo refiriéndose a los islamistas del sur del archipiélago.
Desde su holgada victoria en las elecciones presidenciales de 2016, Duterte envía señales contradictorias sobre la instauración de un eventual régimen de excepción.
Esta cuestión es extremadamente sensible en el país, que aún trata de consolidar la democracia tres décadas después de la revolución del «poder del pueblo», que acabó con la dictadura de Ferdinand Marcos.
– Contra la ‘narcopolítica’ –
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El antiguo dictador decretó la ley marcial en 1972 con el pretexto de la amenaza comunista. El estado de emergencia estuvo vigente hasta 1981 y el régimen dictatorial continuó hasta la caída de Marcos, en 1986.
En el pasado, Duterte ya se ha mostrado dispuesto a desafiar las línea rojas constitucionales para después minimizar sus propósitos.
El jueves, insistió en la necesidad de este tipo de régimen, explicado que estaba en juego evitar la «explosión» de Filipinas. «Voy a ser severo», amenazó.
Duterte también dijo que quería nombrar a los jefes de más de 42.000 distritos locales. Los titulares de estos puestos son normalmente elegidos en elecciones, las próximas previstas para octubre de este año.
«Buscamos una manera de nombrar a los capitanes de los ‘barangays’ (como se conocen estos distritos)», añadió explicando que debían proceder así porque el 40% de los responsables están implicados en el tráfico de droga. «La narcopolítica ha entrado en la política tradicional», subrayó.
Las elecciones locales, que se celebran cada tres años, son importantes para la democracia del archipiélago: los «barangays» representan el primer peldaño de la escala gubernamental y proveen de una gran variedad de servicios locales.
Duterte ganó las elecciones con la promesa de erradicar el tráfico de droga y de acabar con decenas de miles de presuntos delincuentes.
La policía anunció que ha matado a unas 2.600 personas en el marco de esta guerra contra la droga. Miles más fueron ultimadas en circunstancias poco claras.
Las oenegés Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que las autoridades podrían ser culpables de crímenes contra la humanidad.
Los opositores han anunciado que denunciarán al presidente filipino ante la Corte Penal Internacional. La semana pasada, un parlamentario pidió ante el congreso su destitución.
Pero pese a sus desmanes, Duterte es extremadamente popular entre numerosos filipinos afectados por la delincuencia. Asimismo, tiene la mayoría parlamentaria, lo que hace muy improbable su destitución.
